El Gobierno rechazó ayer la propuesta lanzada por el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Joaquín Almunia, sobre la aplicación de un canon a las empresas privatizadas por el Ejecutivo de Aznar. Almunia aseguró que, si gana las elecciones, impondrá un canon por un importe global de medio billón de pesetas y aplicable por una sola vez, a las empresas privatizadas por el Gobierno del PP con destino a reforzar el fondo de la reserva de la Seguridad Social.
El ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, calificó esta iniciativa de «carente de sentido, muy cercana a una tontería». En su opinión, con esta propuesta «el PSOE ha tomado partido por los accionistas de un operador de telefonía frente a otros, por los accionistas de unas eléctricas frente a otros y por los de unos bancos frente a otros». Explicó que con este impuesto, los accionistas de las empresas privatizadas «se encuentran que Almunia va a favorecer a otras compañías en contra de ellos». Pidió a Almunia que explique cómo se realizaron las privatizaciones que tuvieron lugar en el mandato de Felipe González ya que, según dijo, se hicieron «sin control parlamentario ni del Tribunal de Defensa la Competencia». También preguntó si a las empresas de «algunos amigos suyos de países como Venezuela también las va a someter a este tipo de impuestos». Asimismo, el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, se refirió a la propuesta de Almunia que consideró de «inconstitucional desde el punto de vista jurídico» y que calificó de «disparate». Ironizó que lo que «no se sabe» es si el candidato socialista limita la propuesta a las empresas privatizadas «desde mayo de 1996» o si incluye en este canon a «todos aquellos que compraron las empresas de Rumasa a un precio bajísimo» y a todas «las empresas que privatizaron los socialistas» como Repsol o Endesa.
Piqué preguntó a Almunia si «cree justo que determinadas cosas las pague la gente que tiene acciones de Telefónica y no los que tienen acciones de Airtel, o las pague gente con acciones de Repsol y no los que tienen acciones de Cepsa».
También CiU rechazó la propuesta de Almunia que consideró demasiado genérica, porque ni siquiera se sabe si este impuesto implica un incremento de capitalización de estas empresas en Bolsa o sobre qué beneficios se aplicará.