El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, aseguró ayer que España haría «el ridículo político» si decidiese ahora, tras meses de anunciar lo contrario, recurrir la posible puesta en libertad de Augusto Pinochet.
Matutes recordó que, desde la detención de Pinochet en octubre de 1998, el Gobierno ha respetado escrupulosamente las decisiones judiciales «mientras nos hemos movido en el terreno judicial». Del mismo modo, afirmó que el Gobierno ya dijo que respetaría «las decisiones que por razones humanitarias o médicas tomara en su día el ministro británico», y que, por el momento, el caso sigue moviéndose en el ámbito «político-administrativo de las relaciones de Gobierno a Gobierno». «El Gobierno ha dicho siempre que no recurriría, y si ahora, de repente, cambiara su opinión y recurriera, haría el ridículo político, perdería toda la credibilidad que tiene ante la opinión pública internacional y deterioría de un modo quizá irreversible las relaciones con Chile y con la mayoría de los países latinoaméricanos», explicó.
«Seguimos en el ámbito de la discrecionalidad política de Straw», subrayó el jefe de la diplomacia, antes de añadir que las alegaciones que acaba de recibir del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no aportan ningún elemento nuevo a las que ya presentó el magistrado el mes pasado, cuando Straw anunció que podría liberar a Pinochet por razones de salud. El ministro recordó que, en cualquier caso, la Constitución española autoriza a los jueces a iniciar un procedimiento de conflicto de competencias cuando existen discrepancias entre un magistrado y el Gobierno. Finalmente, añadió que, al igual que Garzón, el Gobierno también cree que el informe médico en el que se basa esta opinión de Londres "según el cual Pinochet no está en condiciones de ser extraditado ni juzgado en España" debería hacerse público por el bien de todo el proceso judicial.
La acusación particular decidió ayer ampliar su querella contra
Matutes por negarse a tramitar la nueva orden del juez
Garzón.
Mientras, el Ministerio británico del Interior afirmó que podría
finalmente publicar el informe médico que determinó la incapacidad
de Pinochet para ser juzgado, en contra de su decisión inicial de
mantenerlo secreto.