Continua el desfile de testigos en el 'caso Lasa-Zabala'. Ayer testificó el último gobernador civil de Guipúzcoa en el PSOE, Juan María Jáuregui Apalategui, quien declaró que las investigaciones realizadas tras la identificación de los cadáveres de ambos jóvenes, en 1995, le condujeron a la convicción de que los autores del secuestro y asesinato de Lasa y Zabala habían sido «un grupo de guardias civiles de Intxaurrondo con el comandante Enrique Rodríguez Galindo a la cabeza».
Contó que cuando la investigación abierta por Interior tras la identificación de los cadáveres apuntaba a la posible participación de guardia civiles de Intxaurrondo, participó en mayo de 1995 en una especie de trampa al coronel Enrique Rodríguez Galindo, que entonces hacía el curso al generalato en Madrid.
Junto al entonces portavoz de Interior Fernando López Agudín, cenó con Galindo y le contaron que un periódico iba a publicar nombres y datos del caso «Lasa-Zabala». Entonces Galindo «se levantó» y se fue sin tomar el postre, y luego hizo unas llamadas telefónicas que fueron interceptadas.
Además, Jáuregui avaló la versión del testigo protegido Pedro Miguéliz, «Txofo», de que fue presionado e intimidado por la Guardia Civil para que no declarara en el juicio y cambiase su testimonio. Confirmó que «Txofo» fue seguido y vigilado en «bastantes» o «muy frecuentes» ocasiones por guardias civiles. Jáuregui opinó que el objetivo de esos seguimientos era «la intimidación» del testigo "«no creo que lo hicieran como deporte», ironizó" para que «cambiara su testimonio y no llegara a este juicio», al tiempo que aseguró que denunció los hechos en comisaría y a la Secretaría de Estado de Interior.
Jáuregui explicó que él fue testigo directo de uno de estos seguimientos cuando el 24 de agosto de 1996, fecha en la ya no era gobernador, comió con «Txofo» en el restaurante «El Anzuelo», de San Sebastián, y descubrieron que eran vigilados y grabados con una cámara de vídeo por dos agentes de la Guardia Civil.
Antes de la declaración del ex gobernador, se visionó el vídeo "grabado de forma subrepticia en el despacho del abogado Argote" que prueba que «Txofo» pidió al letrado cien millones para rectificar sus declaraciones inculpatorias y reconoció que por ellas cobró siete millones del Ministerio del Interior, aunque mantuvo que lo que había contado al juez era lo que sabía.