El juicio contra el ex banquero Mario Conde y diez de sus ex colaboradores cuando se encontraba al frente de Banesto quedó ayer visto para sentencia tras dos años y dos días de sesiones, a lo largo de los cuales han sido citadas como testigos 470 personas, entre las que destaca el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez.
El Ministerio Fiscal pide para Conde 49 años de prisión por ocho delitos: dos de apropiación indebida, cinco de estafa y uno de falsedad documental. Además, los once acusados deberán hacer frente a una multa de 256 millones por su presunta participación en las distintas operaciones que se les imputa.
La corta duración de la última sesión del juicio, que duró unos 30 segundos, contrasta fuertemente con la cantidad de tiempo que ha pasado desde el inicio del caso, el 14 de noviembre 1994, cuando el fiscal Florentino Orti interpuso ante los juzgados de la Audiencia Nacional una querella contra Conde y nueve antiguos miembros del consejo de administración de Banesto por dos delitos de falsedad en documento, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
El propio Conde aseguró el jueves, al ejercer su derecho a manifestarse, que su presunción de inocencia ha sido «pisoteada» por los medios de comunicación, a la vez que pidió una sentencia «justa» y «rápida». Aunque la fecha para ésta no ha sido fijada, se espera más o menos para marzo, después de las elecciones generales.
En la corta sesión de ayer, el testaferro del ex banquero Mario Conde, Eugenio Martínez, utilizó su derecho a la última palabra para asegurar que nunca ha actuado en interés de nadie y que todos los negocios que hizo fueron en nombre propio. Florentino Orti había recibido unos meses antes este difícil encargo de manos del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, después de que el sindicato Comisiones Obreras, elevara un escrito al fiscal del Estado en el que pedía realizar investigaciones para determinar si las actuaciones de los gestores de la entidad eran constitutivas de delito.