La organización terrorista ETA anunció esta madrugada que el próximo 3 de diciembre concluirá la tregua más larga de su historia, «un alto el fuego unilateral, total e indefinido», según lo definió en su momento, que ha durado 438 días.
Veintiuna personas murieron por los disparos o las bombas de ETA desde que el Partido Popular llegó al poder -el 4 de mayo de 1996- y hasta que la banda terrorista decretó el alto el fuego. El último muerto de ETA desde que el PP llegó al gobierno fue Manuel Zamarreño, concejal del PP en Rentería, asesinado por medio de una moto-bomba. Y entre uno y otro, asesinatos como los del concejal Miguel Angel Blanco y los del matrimonio sevillano formado por Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz, que llenaron de dolor y de indignación a la sociedad española.
Tras la comunicación de la tregua, el presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció el 3 de noviembre de 1998 que autorizaba los contactos con el entorno etarra, garantizando la transparencia de los mismos, un proceso que persigue la renuncia definitiva a la violencia de los terroristas.
Javier Zarzalejos, secretario general de la Presidencia; Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad, y Pedro Arriola, sociólogo y asesor de Aznar, fueron designados interlocutores.
Desde el anuncio de la tregua, el 16 de septiembre de 1998, el Gobierno acercó a cárceles del País Vasco a 135 presos de ETA, algunos de ellos con delitos de sangre. El acercamiento de presos es una de las principales demandas de los grupos políticos que firmaron el pacto de Lizarra, y ha sido también reclamado en manifestaciones en Euskadi apoyados por colectivos sociales. El último traslado, el más importante de todos, se produjo el pasado 7 de septiembre, cuando el Gobierno decidió que 105 reclusos fueran llevados a prisiones del País Vasco o más cercanas a esta comunidad autónoma.