El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, manifestó ayer que la acusación del PSOE de que el Gobierno está detrás de la petición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al Tribunal Supremo para que determine si observa delito en el ex presidente del Gobierno Felipe González respecto al caso 'Oñaederra', «además de grave es gratuita». Mayor Oreja subrayó que «no hay nadie que crea que un juez de la Audiencia Nacional actúe al dictado del Gobierno; sólo cabe reiterar por parte del Gobierno la plena y total independencia y respeto que nos merecen las decisiones judiciales».
Tras señalar que hay actuaciones judiciales con las que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, afirmó que «lo que nadie puede dudar es que no hay ninguna acción del Gobierno ni ningún impulso del Gobierno».
Preguntado por las consecuencias de que un ex presidente de Gobierno, como Felipe González, pudiera estar implicado en un delito de terrorismo, el titular de Interior señaló que «todo lo que se refiere a actos judiciales no pueden ser valorados en temas de oportunismo o inoportunismo por parte del Gobierno, porque el Gobierno siempre desea que no haya ninguna cuestión que responsabilice o perjudique a instituciones anteriores».
El ex ministro del Interior, José Barrionuevo, atribuye la iniciativa de Garzón a una «venganza del juez tras su salida del Gobierno socialista al que perteneció». Barrionuevo recordó que Garzón fue miembro de un Gobierno presidido por González. «Es evidente que no obtuvo lo que quería, salió airadamente del Gobierno y puede constatarse que al salir hizo una rueda de prensa en la que explicó nada veladamente que se vengaría».