El Gobierno cubano respetará las decisiones que adopte Sol Meliá o cualquier otra empresa extranjera amenazada por Estados Unidos con sanciones por invertir en propiedades de ciudadanos norteamericanos confiscadas por las leyes revolucionarias cubanas para proteger sus intereses en la isla.
Sobre la advertencia del Gobierno norteamericano a Sol Meliá de que será sancionado administrativamente si en un plazo de 45 días no inicia las negociaciones pertinentes con los antiguos propietarios de los terrenos en los que fueron construidos varios de los hoteles de la cadena española, el portavoz del ministro cubano de Exteriores, Alejandro González, confirmó el respaldo de Cuba a las decisiones que adopte Sol Meliá.
«La posición adoptada por el Gobierno de Cuba es la de rechazo a la Ley Helms-Burton y el total apoyo a Sol Meliá, como hemos expresado en más de una ocasión desde que se supieron las intenciones de EE UU; nuestra postura no ha variado lo más mínimo», afirmó. Además del apoyo a las empresas extranjeras amenazadas por Estados Unidos, Cuba no impediría una virtual negociación de esas empresas con los antiguos propietarios de los bienes expropiados en Cuba en base a las leyes revolucionarias decretadas entre 1959 y 1961.
No obstante, la solución de negociar para evitar represalias no le parece a Cuba la más acertada, «ya que hacerlo significa, de hecho, un reconocimiento a una ley que, además de ser extraterritorial, es injusta e inmoral», señaló el vicepresidente cubano, Carlos Lage.
Precisamente, el experto en Derecho Internacional y abogado de empresas españolas con intereses en Cuba, Hermenegildo Altozano, insistió que un posible acuerdo entre Sol Meliá y sus demandantes vulneraría la legislación comunitaria ya que, según uno de los Reglamentos de la UE que tiene por objetivo la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de las Leyes Helms-Burton y Kennedy-D'Amato, ninguna persona -ni física ni jurídica- de la UE puede plegarse a los requisitos de ambas leyes.