El juez Ronald Bartle falló ayer a favor de la extradición del ex dictador Augusto Pinochet a España por los 35 casos de tortura y uno de conspiración para la tortura que presentó la Fiscalía. Además, el magistrado señaló que hay que tener en cuenta las torturas psicológicas que han sufrido los familiares de los desaparecidos. El propio Pinochet, en una declaración leída en el tribunal, aseguró que España «no ha proporcionado una sola prueba que muestre» su culpabilidad y señaló que la sentencia está «motivada políticamente».
«Se reúnen todas las condiciones para no dejarme otra opción que poner el caso del senador Pinochet a disposición del ministro de Interior que deberá decidir», aseguró el juez Bartle en su sentencia. Además, explicó que hay que tener en cuenta las torturas psicológicas que han sufrido los familiares de los desaparecidos durante el régimen militar. «Respecto a las desapariciones, el efecto en las familias pueden constituir una tortura mental», aseguró.
«De acuerdo con la información que tengo en relación a las alegaciones de después de diciembre del 88 "fecha en la que Pinochet pierde su inmunidad, según los Lores" constituyen unos actos de tortura y conspiración para la tortura por los cuales el senador Pinochet no goza de inmunidad», subrayó el magistrado y destacó que la Convención Internacional contra la Tortura adoptada por el Reino Unido en 1988 era «universal».
Por su parte, la defensa de Pinochet, encabezada por el letrado Clive Nicholls, leyó una declaración de su defendido en la que aseguró que «es una violación de la soberanía chilena. Los acontecimientos de Chile no tiene nada que ver con España». «Desde hace tiempo está claro que mi extradición está motivada políticamente y que es claramente buscada por motivos políticos», añadió el ex dictador quien conoció su sentencia en su residencia de Surrey "donde se encuentra retenido desde el 16 de octubre de 1998" tras la decisión del juez Bartle de autorizarle a no asistir al tribunal por su estado de salud, donde se encuentra retenido.
En opinión de Pinochet, España «no sólo no ha proporcionado una sola prueba que muestre» su culpabilidad, sino que «no ha investigado correctamente los crímenes» que se le imputan.
La defensa de Pinochet aún no ha decidido si recurrirá la decisión ante el Alto Tribunal de Justicia. El abogado Clive Nicholls ya había anunciado el pasado día 29, durante el juicio de extradición, que emplearía el argumento de la persecución política en su apelación. Así, Pinochet puede presentar un recurso de 'habeas corpus', en los 15 días siguientes al fallo, para que el Alto Tribunal resuelva el recurso y disponga sobre la libertad del ex dictador. Durante el periodo en que se resuelva la apelación, el senador vitalicio no podrá abandonar el Reino Unido y tampoco podrá ser extraditado.