El fiscal del Estado, Jesús Cardenal, confirmó ayer que todas las pruebas que se han practicado al cadáver del presunto miembro del 'comando Donosti' José Luis Geresta, que fue hallado el sábado, apuntan al suicidio, y advirtió que el Ministerio Fiscal «ejercitará las sanciones correspondientes contra los que han hablado de asesinato».
Su advertencia se produce después de que el portavoz de HB, Arnaldo Otegi, subrayase que se trata de un «crimen de Estado» y de que los grupos municipales de PNV, EA y HB en el Ayuntamiento de Zizurkil, localidad natal de Geresta, indicasen en un comunicado que sospechaban que el fallecimiento del etarra es «un episodio más de la guerra sucia que viene utilizando el Estado español».
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, indicó que era «esperable» la reacción violenta de quienes atribuyen la muerte de Geresta a «oscuras fuerzas del Estado». Lo extraño, dijo, hubiera sido una reacción «sensata, prudente y de confianza en el Estado de Derecho».
Mayor Oreja, ahondó en la necesidad de esperar a que finalice la investigación tendente a esclarecer las circunstancias del fallecimiento del presunto miembro de ETA.
La réplica a Cardenal vino de Iñaki Anasagasti. El dirigente del PNV consideró que el fiscal del Estado ha tenido «muchos motivos» para tomar una iniciativa de este tipo en otras ocasiones, en referencia a los GAL, y no ahora en pleno proceso de paz. Anasagasti subrayó que su formación no ha calificado en ningún momento la muerte de Geresta de «crimen de Estado» y destacó que hay que «contextualizar» las declaraciones procedentes del mundo radical, «que está sobrecogido con la violencia que supone la muerte de un ser humano».