El nombramiento de Catalina Cabrer como nueva consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social ha recibido el respaldo crítico de los sindicatos mayoritarios de Balears, UGT y CCOO, que celebran su perfil técnico y dialogante y la fusión de competencias, pero advierten de los importantes retos que se le presentan al frente de una Conselleria «llamada a ser aliada de las personas trabajadoras».
Pedro Homar, secretario general de UGT Illes Balears, considera que «es muy conveniente y acertado unir en una Conselleria las áreas de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social». A su juicio, se trata de un «modelo que debe exportarse fuera de Baleares», ya que permite una acción más coordinada en la mejora del empleo y los servicios públicos.
Entre las prioridades que, según el sindicato, deben marcar la agenda de Cabrer en los dos años que restan de legislatura, destaca «el cumplimiento del Pacto de legislatura de los Servicios Públicos y el impulso definitivo a la reformulación del modelo económico del archipiélago». Homar subraya que, pese a los buenos indicadores macroeconómicos, «el bienestar no llega a las familias trabajadoras; la gente no vive mejor, vive ahogada por los altos precios de la vivienda y las cargas de trabajo derivadas de un modelo intensivo y una falta de personal crónica».
UGT Illes Balears pide a la nueva consellera que articule inversiones públicas y privadas para diversificar la economía hacia sectores «industriales, verdes, digitales y de cuidados», aprovechando los fondos europeos del Pacto por la Sostenibilidad. «Se necesita una economía más resiliente que no dependa únicamente del turismo, y sobre todo que no se base en el turismo de sol y playa», sostiene Homar.
Otra de las exigencias del sindicato es que la Conselleria se implique en «la subida de salarios y medidas para bajar los precios de la vivienda», y en el establecimiento de mecanismos para «reducir la brecha salarial que sufren las mujeres». El dirigente sindical advierte del riesgo de que Baleares pierda capital humano: «La economía del archipiélago no se puede permitir la emigración hacia otras zonas de España. Y eso se consigue volviendo a hacer atractiva esta tierra para crear proyectos de vida».
Sobre el absentismo laboral, Homar denuncia que «desde la Administración y las empresas se debe dejar de culpabilizar a los trabajadores y trabajadoras». En su opinión, las ausencias se deben muchas veces a causas laborales «camufladas como enfermedad común», y pide una intervención decidida para reducir los altos índices de siniestralidad en el trabajo: «Son cifras intolerables que es necesario atajar de una vez con planes efectivos, inversiones en prevención de riesgos y más controles por parte de la Inspección de Trabajo».
Aunque reconoce que el Govern «no es partidario» de la reducción de jornada, Homar insiste en que es una prioridad que el Congreso apruebe la ley de las 37,5 horas semanales: «Nos gustaría que desde la nueva Conselleria no se pusieran palos en las ruedas. Reducir la jornada ayuda a la conciliación laboral, familiar y personal».
También reclama que se mantenga el presupuesto del SOIB para dar respuesta al paro estructural de unas 30.000 personas, con especial atención a mujeres, mayores de 45 años y jóvenes. «Hay que seguir invirtiendo en políticas activas de empleo y hacerlo desde una perspectiva de género», apunta.
En cuanto a los servicios públicos, UGT exige «el cumplimiento del Pacto de legislatura firmado con los sindicatos», en especial la aplicación del plus de insularidad. Además, celebra la creación del Observatorio para el Empleo Público, que empieza a funcionar este martes, como «una herramienta que debe servir para mejorar la calidad del empleo público y los servicios que se prestan a la ciudadanía».
Homar considera que «la apuesta por la conciliación recogida en el Pacto de legislatura debe ser también un ejemplo para el sector privado», y vuelve a poner en valor el nuevo modelo organizativo de la Conselleria: «Fusionar Diálogo Social y Función Pública es un acierto que se debe replicar en otras comunidades autónomas».
Mesa de Diálogo Social
Por su parte, el secretario general de CCOO Illes Balears, José Luis García, reclama a Cabrer que «revitalice» la Mesa de Diálogo Social «para que sea el órgano donde los agentes sociales y económicos y el Govern debatan sobre los retos estructurales de esta comunidad, como la vivienda, el modelo turistico, la mobilidad o la protección del Medio Ambiente. Y debe hacerlo ya, porque las medidas del Govern van en dirección contraria a la declaración de intenciones del Pacto de Sostenibilidad».
García avanza que estarán muy vigilantes con el devenir de la nueva conselleria: «seremos muy exigentes en reclamar lo que necesitan las personas trabajadoras. Necesitamos que el SOIB y el IBASSAL tengan más presupuesto y que la voz de los trabajadores se escuche en el Consell de Govern a traves de la nueva conselleria».
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