La última convocatoria para la oposición de Policía Local de Palma ha desatado una fuerte controversia, luego de que varios aspirantes denunciaran graves irregularidades en la prueba psicotécnica. Una de las opositoras, Carla —nombre ficticio—, explica lo que ocurrió: «Nos hicieron esperar más de 10 minutos mientras fotocopiaban los exámenes que faltaban. Todo eso afectó directamente a nuestros resultados», relata con frustración.
El examen psicotécnico consistía en memorizar una imagen durante tres minutos y luego responder a un cuestionario basado en ella, justo después de que la quitaran de pantalla. Sin embargo, en el aula 23, los opositores vivieron una experiencia muy diferente. Tras visualizar la imagen, el tribunal se percató de que faltaban exámenes para algunos aspirantes. «Tuvimos que esperar más de 10 minutos mientras fotocopiaban los exámenes. Mientras tanto, en las otras dos aulas, los compañeros ya estaban comenzando a responder», cuenta Carla, destacando la clara desigualdad en las condiciones del examen.
Este retraso afectó a casi el 50% de los opositores del aula 23, quienes vieron cómo su tiempo de examen se reducía en comparación con los de las otras aulas, que comenzaron a responder inmediatamente. «No es lo mismo esperar más de 10 minutos que empezar enseguida, eso no se puede comparar, se nos olvidan detalles de la imagen», asegura, quien cree que esa espera fue determinante para sus resultados. Además, remarcan, que los propios examinadores fueron conscientes de la irregularidad que acababan de cometer. «Fuera del aula, y haciendo corro entre ellos, decían que ahora qué debían hacer, que no podía ser. Ellos mismos son conscientes de que se vulneró el derecho de igualdad».
Pero las irregularidades no terminan ahí. Muchos opositores han quedado sorprendidos al descubrir que, a pesar de obtener calificaciones superiores a 6, fueron suspendidos. Según las bases del examen, la nota de corte estaba vinculada al «percentil 30», pero nunca se especificó cuál era el valor numérico de esa puntuación. «Yo saqué más de 6, y sin embargo, me suspendieron. Nadie nos explicó claramente cuál era la nota de corte. Nos sentimos completamente desinformados», denuncia con frustración.
Ante esta situación, un grupo de 90 opositores ha decidido presentar alegaciones formales, exigiendo que se haga pública la cifra exacta correspondiente al percentil 30 y que se revisen las calificaciones. «Nos están desinformando. Queremos saber por qué nos suspendieron, y más aún cuando nuestras puntuaciones eran bastante altas», argumentan los afectados.
A raíz de la controversia, los opositores también han solicitado una reunión con el Tribunal Calificador para revisar sus evaluaciones individuales y obtener una explicación detallada sobre la calificación de «NO APTO». «Necesitamos saber qué factores contribuyeron a nuestro suspenso, sobre todo en las pruebas de inteligencia, memoria y personalidad», piden los opositores, que esperan respuestas claras y justas.
Las denuncias han puesto en evidencia un clima de incertidumbre en torno a la transparencia del proceso selectivo para Policía Local de Palma. Los opositores temen que sus derechos de igualdad y acceso al empleo público hayan sido vulnerados por una gestión poco clara del tribunal. «Todos deberíamos haber tenido las mismas condiciones en el examen. Queremos que se respeten nuestros derechos», concluye Carla.
Fuentes del Govern confirman este hecho, aunque aclaran que en el momento «nadie se quejó a los examinadores. Igualmente, están en proceso de alegación y el Tribunal decidirá qué hacer con sus recursos», explican. También han defendido que este suceso no se trata de una irregularidad, sino más bien de «un error que puede suceder. Sin ir más lejos, este sábado en Menorca ha pasado que no se encendía la pantalla de una de las aulas en la que se examinaban opositores».
El Tribunal Calificador ahora tiene la responsabilidad de esclarecer si se cometieron irregularidades en el proceso y si es necesario revisar las calificaciones de los opositores perjudicados por los fallos logísticos. El viernes terminó el periodo de alegación, y ahora los afectados aguardan respuestas —que prevén se dará a finales de la próxima semana—, con la esperanza de que el principio de igualdad de oportunidades se garantice en futuras convocatorias.
El proceso se ha desarrollado conforme a la legalidad vigente, respetando estrictamente las bases publicadas con antelación a la realización de las pruebas. Estas bases fueron conocidas y aceptadas por todos los aspirantes, y durante todo el proceso no se registró ninguna queja formal hasta después de la publicación de los resultados, en la que un 70% de los presentados aprobaron satisfactoriamente. Resulta especialmente preocupante que las alegaciones difundidas hayan sido publicadas sin contrastar previamente con la mayoría de los aspirantes, 187 personas que han superado el proceso, ni con la entidad organizadora. Esta falta de contraste evidencia un déficit de rigor periodístico que pone en duda la profesionalidad de la cobertura. Asimismo, parece ser que el periodista responsable de la noticia mantiene una relación de amistad con una de las personas suspendidas, circunstancia que no fue aclarada ni considerada en la publicación, lo que genera un evidente conflicto de intereses y una clara falta de imparcialidad. Esta búsqueda de sensacionalismo parece estar orientada a incrementar la audiencia y las ventas, en detrimento de una información veraz, objetiva y equilibrada, con el riesgo de dañar la imagen y el esfuerzo de todos los aspirantes que participaron de buena fe y cumplieron con los requisitos establecidos.