Desde septiembre de 2024, el IMAS concedió a María Teresa San Juan la tutela administrativa con delegación provisional de guarda de sus dos bisnietas mellizas de cuatro años. Sin embargo, tras un episodio negligente, «me las han quitado», lamenta María Teresa. El pasado 1 de junio, el padre de las hermanas le pidió a la bisabuela que le dejara llevarlas a casa de su tía [la hermana de él] para asistir al cumpleaños del primo de las pequeñas.
«No podía llevárselas, el IMAS le había prohibido visitarlas, pero insistió y cedí porque solo iba a ser un rato», recuerda María Teresa. «En el cumpleaños discutió con su hermana y se las llevó al parque, donde se puso a beber. Acabó inconsciente y en el suelo. Las niñas lloraban y acabó viniendo la policía, que las trajo a casa y me contaron lo que había pasado. Me dijeron que estaban muy asustadas y que vigiláramos si tenían un comportamiento raro los siguientes días», relata.
«A la mañana siguiente las llevé al colegio y les conté a las profesoras lo ocurrido para que las vigilaran un poco. Todo fue normal hasta el 6 de junio, cuando del colegio se las llevaron a un centro de acogida», lamenta la mujer. Desde ese día María Teresa lucha para que la institución se «las devuelva»: «Les he pedido perdón por todo. Fue una mala decisión, un error que no volveré a cometer. Cuando me las trajo la policía ya les dije que el padre no las vería más», asegura.
El progenitor tiene prohibido desde entonces acercarse a las niñas a menos de 300 metros y a María Teresa aún no le han dejado visitar a sus bisnietas en el centro, según dice ella. La única que mantiene el contacto con las menores es su madre, la nieta de María Teresa, que -antes y después de lo sucedido- las ve una hora semanal.
«Me dejaron hacerme cargo de las niñas porque tenía casa; no me pueden acusar de nada excepto del incidente del parque; pero ahora dicen no me las devuelven porque tengo una pequeña minusvalía en un pierna, después de que me la operaran; que soy mayor, porque tengo 67 años; y que las niñas no pueden vivir con una persona con antecedentes, pero yo no tengo, los tiene un hijo mío por robo continuado que tiene el tercer grado y no vive conmigo», se queja.
Desde la retirada de la guarda, María Teresa tiene dos meses para presentar un recurso contra la medida establecida. Ya ha pasado un mes sin que haya recurrido puesto que «me lo aconsejaron las profesoras, pero he decido no esperar más y tomar cartas en el asunto». Por ello, está intentando contactar con un abogado de confianza para poner en marcha la presentación del recurso; sin embargo, aún no ha logrado dar con él por las vacaciones de verano. «Le llamo y no me lo coge», dice desesperada.
Cada día habla con la técnica referente para saber cuándo podrá, al menos, visitar a sus bisnietas: «Solo me dejan hablar con ellas por teléfono y en breves me dejarán hacer videollamadas. Cada vez que las llamo, las pequeñas me preguntan si sigo castigada, porque les dije que esto que ha pasado es un castigo por haberme portado mal. Nunca pensé que pasaría esto», lamenta.