La Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern dictó el pasado 13 de enero una resolución por la que modifica el decreto 21/2017 que regula el alquiler de embarcaciones y barcas de recreo en Baleares, un documento que podría transformar radicalmente el panorama del chárter náutico en las Islas.
La nueva normativa prohíbe operar a las empresas que no dispongan de un amarre, boya regulada o lugar de atraque en el archipiélago y veta la posibilidad de que los particulares puedan arrendar su barca tres meses al año como quiere Marina Mercante. Establece además la obligatoriedad de hacer una declaración responsable para ejercer la actividad y que el número de registro figure en las webs que comercializan el alquiler de embarcaciones.
El Govern persigue con este cambio normativo frenar la masificación, rebajar las tasas de siniestralidad de la náutica de recreo en las Islas y a la vez acabar con la competencia desleal que denuncian desde hace años las empresas que se dedican al alquiler de barcas con o sin patrón. El problema es que su propósito de cambio ha pegado de bruces con el Gobierno central.
Aunque lo ha hecho fuera de plazo, la Dirección General de Marina Mercante, ha presentado alegaciones al decreto del ejecutivo. «Invade competencias del Estado y rompe el principio de igualdad al impedir una actividad que es lícita en el resto del territorio nacional», advierte la administración central sobre la prohibición de que los particulares puedan alquilar sus barcas con fines lucrativos en Baleares.
El caso tiene visos de acabar en el Tribunal Constitucional. «No nos da miedo ir a los juzgados. Ya lo hizo Galicia con la Ley de gestión de la costa y el litoral. Ya veremos si esto acaba en un contencioso, no creo que lleguemos a ese extremo, pero vamos mal», avisa el director general de Transporte Marítimo del Govern, Toni Mercant.
¿Por qué hay ese choque entre administraciones? ¿Tan importante es la náutica recreativa?El negocio del alquiler turístico de embarcaciones no es ni mucho menos residual. Baleares lidera el ránking nacional de matriculación de embarcaciones chárter y las cifras no dejan de subir cada año. En 2024 se matricularon 904 nuevas barcas de las que más de la mitad se destinaron al mercado de alquiler. Se estima que el sector de la náutica chárter factura más de 1.000 millones de euros al año y genera más de 5.000 puestos de trabajo en las Islas.
El gobierno de Marga Prohens quiere acabar con el «alquiler encubierto» de embarcaciones, una práctica que, igual que ocurre con el alquiler de apartamentos turísticos vacacionales, se ha disparado en los últimos años. Si finalmente el Gobierno central permite que los particulares comercialicen sus barcas un máximo de tres meses al año, el Govern aún guarda un as en la manga. Mercant avisa de que retirarán el derecho de amarre en sus puertos a los particulares que utilicen sus barcas con fines lucrativos.
«Tenemos embarcaciones de particulares en nuestros puertos que pagan 800 euros al año por un amarre, porque salen a pescar en familia o a dar un paseo, pero si las van a comercializar tres meses no podemos cobrar esa tarifa. Quienes alquilen podrían perder el derecho de amarre a favor de los 7.000 particulares en lista de espera», dice.
Denuncia que el alquiler de embarcaciones particulares con fines lucrativos entra en competencia con la náutica chárter profesional e incrementa el número de barcas que navegan por nuestras aguas, con las consecuencias que eso implica para la seguridad marítima. «La especulación que se hace del dominio público y de la renta de embarcaciones crea situaciones de riesgo», afirma.
El nuevo decreto autonómico no solo prohíbe el alquiler de embarcaciones particulares con fines turísticos sino que va aún más allá y prohíbe la actividad chárter de cualquier embarcación que no disponga de un lugar en el que embarcar y desembarcar su pasaje. Las naves que procedan de la Península o de puertos extranjeros tendrán que acreditar su actividad habitual en las Islas para poder operar legalmente. Tampoco se pondrán vender plazas individuales en salidas compartidas.
Según la Asociación Nacional de Patrones Profesionales de Embarcaciones de Recreo (ANPPER) «decenas de pequeñas empresas podrían verse abocadas a cerrar si no articulan mecanismos de transición o flexibilización». «Gran parte de la economía estacional y de proximidad en el ámbito marítimo se sostiene precisamente en modelos mixtos de uso y en la variedad de tipos de servicios que ofrecen», afirma.
Muy distinta es la acogida que la norma autonómica ha tenido por parte de la Asociación de Empresas Chárter de las Islas Baleares (AECIB) que preside Pedro Francisco Gil. Está integrada en CAEB y participa de las mesas náuticas que asesoran al Govern. «La meca de la navegación de recreo no se puede regir por la misma normativa que el resto porque la incidencia que tenemos en Baleares y el nivel de masificación no tienen nada que ver con el resto de España», dice tajante.
Esta entidad tiene asociadas 16 empresas que suman una flota de 200 embarcaciones en las Islas. «Solo un 10 % de las empresas chárter que operan en Baleares cumplen a rajatabla con la normativa», afirma Gil.
El presidente de AECIB advierte de las consecuencias que ya tiene en Baleares el anuncio de que el Gobierno central permitirá el alquiler de embarcaciones de particulares con un fin lucrativo. «Solo la noticia ya ha incrementado el intrusismo. Cada día me llaman particulares que ofrecen sus barcas pensando que ya pueden alquilarlas legalmente», relata.
Pedro Francisco Gil denuncia que el intrusismo lleva años instaurado en Baleares. «Todos los días nuestros barcos vecinos hacen intrusismo al chárter abiertamente y sin miedo y estamos hablando de algo serio. El mar es un medio hostil y están poniendo en riesgo vidas humanas», sentencia.
Si se cumplen las previsiones del Govern la normativa autonómica se aprobará previsiblemente este verano aunque no entrará en vigor hasta que trascurran tres meses de su publicación en el Boib. Las multas para quienes no cumplan con lo establecido pueden alcanzar los 200.000 euros en los casos más graves.
«Nuestro cometido es que se cumpla la norma y utilizar la cultura de la información pero sancionaremos si llega el caso. No podemos olvidar que en este tipo de embarcaciones viajan seres humanos y muchos no son conscientes de la irregularidad del arrendamiento y del poco seguro de cobertura que tendría en caso de desgracia», dice el director general Toni Mercant.
llaütHay que limitar a un amarre por persona o empresa. Un hotel por persona o empresa Un vacacional por .....p e Así uno y solo uno Las empresas gestionan muchos amarres, limitar uno solo uno y se acabó la especulación.