El GOB alerta que el Plan de Transición Energética del Govern no incluye medidas de decrecimiento turístico

Transición Energética y decrecimiento turístico

Según el GOB, el plan no define acciones claras, ni limitaciones reales a las actividades más impactantes | Foto: Redacción Digital

| Palma |

El GOB ha solicitado que se revise «profundamente» el nuevo Plan de Transición Energética y Cambio Climático (Ptecc) del Govern por «no abordar con suficiente ambición» la crisis climática y energética en Baleares, al observar la carencia de medidas como las de decrecimiento turístico. Así se ha expresado la organización que, junto a la Plataforma 'Renovables Sí, però així no!', ha presentado una serie de alegaciones al Ptecc, según ha informado el GOB en una nota de prensa.

De este modo, han considerado que los informes presentados tienen una «desconexión grave» entre la diagnosis y las medidas propuestas, al destacar «la carencia de concreción y compromisos vinculantes». En palabras de las entidades, el plan «reconoce el problema pero evita tocar los intereses económicos dominantes».

El GOB ha manifestado que el plan «reconoce los riesgos del cambio climático» pero «no define acciones claras, ni limitaciones reales» a las actividades «más impactantes», entre las que han situado el «crecimiento turístico, urbanístico o la explotación del suelo rústico». Por otro lado, han alegado que los sectores que generan la mayor parte de las emisiones de CO2 --el transporte aéreo y marítimo-- en las islas «han quedado fuera del plan», a pesar de «consumir grandes cantidades de energía y tener un impacto ambiental directo».

Además, han resaltado que el Ptecc prevé la instalación de 1.533 MW de paneles fotovoltaicos en suelo rústico pero «sin criterios de exclusión ambiental ni jerarquías de ubicación». «La presión renovable se ha convertido un nuevo vector de especulación y artificialización», han recriminado. Por eso han exigido una normativa urbanística «clara» que prohíba proyectos en suelo rústico de valor agrario o ambiental y la regulación «estricta» de su emplazamiento y una jerarquía de priorización «clara», para «dejar el suelo rústico como última opción y en condiciones de excepcionalidad».

Al mismo tiempo, han pedido una moratoria a urbanizaciones, tendidos eléctricos, parques solares o infraestructuras logísticas que supongan una «nueva ocupación de suelo virgen». En ese sentido, han reclamado que el Ptecc incorpore un catálogo de espacios agrarios o ecológicos a proteger y mecanismos de desclasificación de suelo urbanizable. Las organizaciones ecologistas han subrayado que el modelo económico basado en «el turismo masivo y la construcción no es cuestionado por el Ptecc». «No se contemplan medidas de decrecimiento, ni se vinculan las emisiones a la capacidad de carga del territorio», han indicado.

Asimismo, han exigido una autorización vinculante para todas las acciones derivadas del plan, así como un análisis de los impactos acumulativos y de los riesgos ambientales. Otro aspecto que han criticado del plan es que presenta una alta «dependencia energética externa», puesto que «confía demasiado» en una segunda conexión eléctrica con la península, al «debilitar la soberanía energética de las islas».

Por este motivo, han reivindicado una apuesta por un modelo «descentralizado, con autoconsumo, comunidades energéticas locales y aprovechamiento de espacios ya urbanizados». El GOB ha advertido que gran parte de la financiación del plan recae en «acciones tecnológicas» como la movilidad eléctrica o el hidrógeno, mientras que la transición social y ecológica real --como el impulso a la soberanía alimentaria o la rehabilitación energética-- queda «infrafinanciada». «Solo un 5,9% del presupuesto se dedica a la protección del medio natural y un 0,25% a educación, investigación y participación.

El GOB propone destinar más del 10% a la resiliencia ecológica y aumentar hasta el 5% el presupuesto destinado en educación ambiental e innovación», han reivindicado. También han reclamado la creación de un órgano formal de seguimiento ambiental y participación ciudadana, con «voz vinculante» y «auditorías independientes», ante lo que han propuesto la creación de un observatorio ciudadano del Ptecc y una publicación periódica de informes de evaluación.

«El Ptecc no aborda de manera realista ni valiente los factores estructurales que amenazan el territorio y el clima de Baleares. Sin decrecimiento turístico, protección efectiva del territorio y una gobernanza participada, la transición será incompleta e injusta», han aseverado. El GOB y la plataforma han instado al Govern a parar la aprobación del Ptecc en su redacción actual y abrir un proceso de revisión con «garantías ambientales, sociales y de participación ciudadana». «Sin un giro valiente, la transición energética puede reproducir las desigualdades y los impactos que quiere corregir. Hay que incorporar propuestas que garanticen una transición energética justa, ecológica y socialmente arraigada a las necesidades reales del territorio», han defendido.

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