Un error en las bases de la convocatoria del proceso de estabilización de interinos compartida por el Consell de Mallorca y 15 ayuntamientos de la Isla ha permitido que, como mínimo, una treintena de personas se hayan aprovechado de la situación para acumular más de una plaza. A la mayoría se le han adjudicado dos puestos, según ha podido confirmar este diario, pero en algún caso concreto incluso se han llegado a acaparar hasta seis, tal y como denuncian varias fuentes. El malestar y la presión ejercida por compañeros indignados habría obligado a algunos a renunciar a estos acopios.
El fallo se produjo en la pasada legislatura con el Pacte, aunque tampoco se ha solventado en esta porque «este proceso ya estaba en marcha, las reglas del juego estaban iniciadas y las expectativas de los candidatos no se podían alterar», según dicen desde el Consell. «No podíamos cambiarlo, no ha habido más remedio, y en muy poco terminará el proceso», insisten. Las fuentes denunciantes, en cambio, hablaban de «falta de voluntad política». El error permitió que un mismo candidato optara a una plaza en diversas administraciones. Si quería consolidar un puesto en el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), por ejemplo, también podía hacerlo en otros consistorios a la vez.
Todo esto se ha podido hacer legalmente porque se utilizaron las bases usadas para el proceso del Govern sin adaptarlas al procedimiento conjunto. En el Ejecutivo se hizo bien y no se ha producido este problema. El requisito que se debería de haber modificado para impedir que una misma persona se presentara a plazas de diversas instituciones está contemplado en el artículo 5 del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) 140 del 29 de octubre de 2022, donde se exige «no tener la condición de personal funcionario de carrera en la misma escala, subescala, clase o categoría/especialidad de la Administración a la cual se opta». Hubiera bastado decir que no se podía optar a otras administraciones locales para aspirar a una plaza.
Los candidatos a los que se les adjudicó más de una plaza ocuparon la que más les interesó y tras la toma de posesión solicitaron una excedencia en el resto de puestos que se les adjudicó, pasando por alto los requisitos exigidos y lo que establece la ley. Las fuentes denunciantes comentan que esto se ha estado permitiendo hasta hace poco y que ya se habría empezado a avisar de que pedir una excedencia si ya se tiene otra plaza supone perder ese puesto.
«Cuando se descubrió el error, ya se estaban adjudicando plazas y las bases no se podían impugnar», comentan las fuentes citadas. Ahora, solamente un juez podría anular los múltiples nombramientos, y se prevén presentar recursos contenciosos contra esta convocatoria. La ya exconsellera d’Hinseda i Fundació Pública, Pilar Bonet, obligada a dimitir tras ser acusada por un desfalco millonario, prometió que para poder concursar a una plaza de mejor categoría se tendría que pasar dos años en la misma plazas estabilizada. Las fuentes denunciantes dicen que esto tampoco se ha cumplido.
Además, y aunque sea imposible de demostrar, las mismas fuentes aseguran que entre el personal de estas instituciones es vox populi que ha habido un mercadeo de plazas. Algunos de los que acapararon más de una renunciaban a la que menos les interesaba y de forma pactada con el siguiente de la lista para que se la quedara previo pago.
El Consell inició en 2022 su estabilización laboral más importante, pues afectaba a 1.300 puestos de trabajo que representaban el 42,4 % de la masa laboral de la institución insular, el IMAS y la Agència de Defensa del Territori. Lo mismo ocurrió con los ayuntamientos mencionados, motivo por el cual las fuentes creen que el número de personas que se habrían aprovechado de esta situación es mayor de la treintena que tienen localizados tras analizar los nombres aparecidos en el BOIB. Además del Consell, se han estabilizado centenares de plazas públicas en los municipios de Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Capdepera, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sencelles, ses Salines y Santa Maria del Camí.
es una vergüenza, deberian sancionar a los responsables