Sergi Nasarre es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira y Virgili, doctor europeo en Derecho y máster en Economía Inmobliaria por la Universidad de Cambridge. Sergi Nasarre abrió el fuego de Inmosapiens, para hablar de las limitaciones del mercado inmobiliario.
¿Funciona topar los alquileres?
—El control de la renta en la vivienda ha tenido muy malas consecuencias. A corto plazo hay una bajada de precios porque va acompañada de sanciones importantes. Claro, esto asusta y es lo que ha pasado en Cataluña. La bajada de precios ha sido del 9 por ciento, que son unos 90 euros en pisos de 1.000 euros. Pero la consecuencia es que desaparece la oferta, con bajadas de hasta el 19 por ciento. Y para sortear el tope de precios, la oferta se pasa al alquiler de temporada o de habitaciones, lo que es mucho más precario. Además, cerca de las zonas no tensionadas se disparan los precios.
En Baleares los precios son ya insostenibles. ¿Hay solución?
—Es difícil encontrar una solución mágica. Se pueden expropiar viviendas vacías o poner multas, pero lo menos malo es incentivar el alquiler, la rehabilitación y la construcción y acompañar a los propietarios que tienen miedo.
¿Qué diferencia a la Isla de otros sitios turísticos con esta presión?
—En Mallorca hay un problema grave con las segundas residencias. Según el Colegio de Registradores, si la media nacional es que el 14 por ciento de las ventas es a extranjeros, en Balears alcanza el 30 por ciento. Están compitiendo con los locales por esas mismas viviendas. Los residentes tienen serias dificultades para acceder a la vivienda por las políticas estatales de los últimos 15 años que dificultan el acceso a la propiedad. Tienen trabas para acceder a la financiación hipotecaria y se quedan fuera del mercado. Los otros, los que no la necesitan, son los fondos, extranjeros e inversores. Las familias y jóvenes han quedado fuera desde 2007 y otros se han aprovechado de esto. A las familias se les empujó a al alquiler, carísimo. Y ahora, ni eso. Están abocadas al alquiler de temporada y a las habitaciones.
¿Hay algún país europeo que haya puesto límites?
—Se podría mirar el ejemplo de Malta, que tiene una sólida legislación que pone trabas a la compra de extranjeros no residentes. Necesitan autorización o permisos. El objetivo es frenar un poco el interés especulativo. Esto es algo que pactó Malta cuando entró en la Unión europa y España no tuvo la picardía de establecerlo en aquel momento.
¿Es excesivo pedir 1.500 euros por un piso?
—El precio es el chivato de lo que pasa. Cuando alguien paga esas cantidades es porque puede. Hace un mes se ha eliminado la protección a los inquiokupas pero es que podía haber inquilinos que abonaban un mes, dejaba de pagar y luego tardabas dos años en desahuciarle. Por eso ha crecido el alquiler de temporada y de habitaciones, que es más precario e impresentable.
¿Este alza de precios es consecuencia de Airbnb y las low cost?
—No he ido a Venecia, París o Lisboa porque pienso que expulsamos a la gente de allí. La economía colaborativa es un engaño. Se hace lo que hacíamos en 2007 pero en plan barato. También es cierto que el derecho a la vivienda no es el derecho a vivir al lado de la Sagrada Familia.