El Govern busca que una parte de las viviendas que se han desviado del alquiler convencional al alquiler turístico ilegal vuelvan a ser pisos residenciales. El decreto ley de vivienda ya en vigor pero que mañana recibirá el visto bueno definitivo en el Parlament incluye sanciones de hasta 500.000 euros para los infractores, pero al mismo tiempo abre la puerta a que los propietarios se ahorren hasta el 80 % de la sanción con una condición importante: que cedan el piso al Govern durante 5 años para que este lo alquile.
El decreto permite a los propietarios el ahorro de hasta 400.000 euros en el caso de los sanciones más graves. Lo podrán hacer si, durante la tramitación del expediente de infracción, acreditan la cesión de la vivienda para la finalidad de alquiler a precio limitado o social. También pueden cederlo a otras finalidades de interés general, que el decreto no concreta, «en el marco de las competencias de los ayuntamientos, los consells y la Comunitat Autónoma».
Aumento de las multas
La norma incluye un aumento generalizado de las multas para quienes incumplan la ley impunemente. Las infracciones leves irán desde la advertencia a la multa de hasta 5.000 euros; las graves, de 5.001 a 50.000 euros, y las muy graves, de 50.001 a 500.000 euros. Se considera agravante que la actividad se desarrolle en suelo rústico protegido o que haya reiteración en esta comportamiento ilegal.
También se considera muy grave que esta actividad se haga en viviendas de uso residencial sometidas a limitación de precio, es decir, en VPO, por ejemplo. En algunas inspecciones, el Govern ha llegado a detectar que había alquiler turístico en viviendas que a su vez alquilaba el Ibavi a personas sin recursos.
Otra de las novedades de este decreto en la lucha contra la oferta ilegal es la posibilidad de que los ayuntamientos de las islas o los consells puedan llegar a «acuerdos jurídicos» con el Gobierno de Pedro Sánchez para que la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía Local puedan colaborar materialmente en las tareas de inspección turística. El Govern explica que, si la Policía Nacional irrumpe, por ejemplo, en una fiesta ilegal y tiene sospechas de que la vivienda se alquila ilegalmente, puede hacer llegar esta información al ayuntamiento correspondiente o a los consells, que son quienes tienen la competencia turística para poner las sanciones.
El Parlament debate mañana el decreto ley de turismo que han pactado PP y Vox en el que se prohíbe el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares en toda Mallorca. Sin embargo, al mismo tiempo convalida unas 90.000 plazas turísticas que operan legalmente en las Islas, pero que estaban condenadas a desaparecer ya que no podían incluirse en las bolsas de plazas. Con el nuevo decreto podrán hacerlo, lo que supone su legalización total, algo que le ha valido a Prohens fuertes críticas del sector hotelero.
Lo que no incluye el decreto es la subida de la ecotasa, en contra de lo que había anunciado la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el debate de la Comunitat. El aumento del impuesto se cayó de la propuesta tras el rechazo de Vox a esta medida. Como consecuencia de ello, la norma tampoco incluye la posibilidad de que los residentes se desgraven en el IRPF hasta 250 euros en concepto de este impuesto. También esta era otra de las promesas de Prohens, que por ahora no podrá llevarse a cabo.
Punto de vista
Fresquissimés una amenaça?