El empresario alemán Matthias Kühn, sus dos hijos, Nico-Alexander y Marco-Matthias y el abogado Jorge Sainz de Baranda tendrán que comparecer el ocho de julio ante la magistrada que les investiga por ocultar a Hacienda 22 millones de euros a partir de una querella de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria. Al día siguiente tendrán que comparecer otros seis investigados, todos ellos vinculados con la gestión de las empresas del magnate.
La magistrada ya había acordado las imputaciones el pasado mes de febrero en un auto en el que aceptaba la ampliacion de la querella inicial de la Fiscalía a tres delitos más e incorporaba como investigado a Sainz de Baranda. Sin embargo quedaba pendiente poner fecha a las declaraciones que se concretarán en julio. La Fiscalía sostiene que existen indicios de delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y de estafa procesal y que, durante años, se llevaron a cabo una serie de maniobras en los juzgados de lo Mercantil y entre las empresas del grupo para ocultar activos a Hacienda. Kühn y su grupo generaron una deuda millonaria con la administración por impagos sistemáticos de impuestos. La primera investigación cifraba esa deuda en 14 millones de euros. La ampliación posterior sumaba otros siete.
La magistrada mantiene embargados más de 28 millones de euros a Kühn. El empresario recibió a principios de este año más de 90 millones de euros como indemnización por parte del Govern por la desclasificación de los terrenos de Muleta. Parte de esos fondos fueron dedicados al pago de deudas y, tras liquidar la situación de concurso en el juzgado de lo Mercantil, otra parte quedó retenida en la investigación penal. Esa cantidad bastaría para asegurar el pago de la supuesta deuda con el fisco y las posibles multas.
La investigación al promotor inmobiliario arrancó hace más de dos años. En ella fue registrado el chalé de Kühn al que se intervinieron soportes informáticos que luego han sido la base para la ampliación de la querella. La causa tuvo también cierto retraso después de que la magistrada que la instruía inicialmente, la titular del juzgado de Instrucción 11 de Palma se abstuviera de la misma por su amistad con el abogado Sainz de Baranda. Este representó a todas las empresas del grupo durante los concursos de acreedores y la Fiscalía le señala con un papel clave en todo el esquema. Así, la sustitución de la magistrada ha retrasado la toma de declaraciones.