El sector inmobiliario de Baleares ha solicitado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aplique «medidas de pedagogía social para que se entienda la vivienda como un derecho, y no como un bien de especulación», con el objetivo de desincentivar este tipo de operaciones sin que ello frene «la inversión responsable y la oferta de vivienda». La Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (Abini) y los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares han enviado una carta a Sánchez aprovechando que este sábado visitará Palma con motivo del congreso del PSIB.
En la misiva, ambas entidades destacan que «la crisis habitacional se ha descontrolado por completo» y que la falta de consenso político ha convertido este problema «en un arma arrojadiza entre partidos y administraciones, mientras las soluciones reales siguen sin llegar». Una crítica velada a Vox, que esta semana ha vetado el decreto del Govern para liberalizar suelo urbano y facilitar la construcción a medio plazo de hasta 20.000 viviendas, la mitad de las cuales tendrían que ser a un precio asequible. Una propuesta reclamada por promotores y sector inmobiliario.
«La vivienda no puede seguir siendo utilizada como un campo de batalla político. Mientras las distintas formaciones se acusan mutuamente de inacción, las familias ven cómo se les escapa la posibilidad de tener un hogar en su propia tierra. Nosotros hablamos desde nuestro sector, pero este sentimiento es compartido por toda la sociedad balear. Es una preocupación que afecta a trabajadores, empresarios, jóvenes, familias y mayores, porque el derecho a una vivienda digna se ha convertido en un lujo inalcanzable para muchos», señalan al presidente Sánchez.
«Si no se toman medidas urgentes, nuestra sociedad estará condenada a expulsar a sus propios ciudadanos por la imposibilidad de encontrar un hogar», insisten en la carta, donde consideran que la visita del presidente «puede marcar un punto de inflexión para empezar a construir los cimientos del entendimiento entre las distintas fuerzas políticas, dejando a un lado las diferencias y priorizando el bienestar de los mallorquines y de quienes han elegido nuestras islas para vivir».
Las dos entidades también solicitan otras medidas que se vienen reclamando desde hace tiempo, como la agilización de trámites y reducción de burocracia para facilitar la construcción de vivienda asequible o más incentivos fiscales y ayudas reales para residentes, en especial para los jóvenes y las familias que no pueden acceder a una vivienda digna. Asimismo, solicitan una política de vivienda estable, sin cambios cada nueva legislatura, y que genere seguridad jurídica y confianza, así como consenso inmediato entre Gobierno central, autonómico y local para abordar la crisis de la vivienda en Baleares.
«Somos una tierra de luchadores, que defendemos lo nuestro y a los nuestros, pero también una tierra de acogida, elegida por muchas personas que ven en nuestras islas un lugar maravilloso donde vivir. Sin embargo, mientras tantos llegan con la ilusión de establecerse aquí, muchas familias mallorquinas sufren la realidad de una vivienda inaccesible e indigna. No podemos seguir esperando mientras la situación se agrava», insisten las dos entidades inmobiliarias.