La magistrada al frente de la causa contra el empresario alemán Matthias Kühn y su entorno empresarial ha aceptado ampliar la investigación en su contra por ocultar a Hacienda 22 millones de euros. La decisión implica que las actuaciones incluyen a siete investigados más y a otras tres sociedades del promotor inmobiliario. Las sospechas son similares: Kühn habría empleado su red de sociedades para desviar a paraísos fiscales activos mientras esas mercantiles estaban en una situación de insolvencia y evitó así pagar a Hacienda la deuda millonaria que había acumulado durante años. La magistrada acuerda en el auto notificado esta semana tomar declaración a los diez investigados en la causa.
La decisión se produce a raíz de un informe de la Agencia Tributaria y de una petición de la Fiscalía. Los inspectores que actúan como apoyo en la causa detectaron nuevas deudas en las sociedades Punta Manresa, Altos de la Rápita y Residencias Betlem que vinculan también con la operativa del grupo y que serían posteriores a los primeros 14 millones de euros ocultados. Otra de las patas de la investigación tiene que ver con la toma de control por parte de los hijos de Kühn, Nico Alexander y Marco-Matthias, de la sociedad Birdie Son Vida. Esta era la que tenía los derechos de construcción de la urbanización Muleta II en el Port de Soller y es la que ha generado una indemnización de 96 millones de euros a favor del empresario. La tesis de los investigadores es que los hijos adquirieron de espaldas al juzgado de lo Mercantil la sociedad Balearic Management Consultants que era, a su vez, la propietaria de Birdie Son Vida y así poder controlar los 96 millones de euros si se llegaban a pagar.
La magistrada ha decidido imputar también al administrador concursal de Balearis Management. En el auto plantea que existen indicios de que esta persona conocía la operación «fraguada» por Kühn y que sabía que la oferta de compra «por un precio irrisorio en comparación con la expectativa de indemnización» era una maniobra. Apunta que esa situación se «silenció totalmente» al juez al frente del concurso. Así, se plantea que este administrador concursal pudo cometer una estafa procesal o de participación en el delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible.
El resto de nuevos investigados son personas de confianza de Kühn y profesionales vinculados con la gestión de sus empresas. El auto atribuye un papel destacado al abogado Jorge Sainz de Baranda como cooperador necesario de la maniobra para asegurar los millones de Muleta y como el asesor legal del empresario a lo largo de todos los procedimientos de insolvencia. Junto a él hay otros cinco profesionales investigados, entre ellos la manager del Pueblo Español y el gerente de Tagomago, dos de las propiedades más conocidas de Kühn.
El auto plantea que, de forma indiciaria, Kühn «ostenta la titularidad real de las sociedades querelladas a través de personas interpuestas» y que todas ellas funcionaban con un «sistema de caja única y constituían un entramado a través del cual el señor Kühn vaciaba las sociedades de patrimonio para derivar el dinero a otras entidades ubicadas en paraísos fiscales». En la causa, además de la Fiscalía han intervenido Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria. Inicialmente, la Agencia Tributaria de Balears (Atib) se personó en las actuaciones. Sin embargo, considera que la deuda que sustenta esta ampliación de la querella se produjo cuando esas empresas estaban bajo el control de administradores concursales y por tanto ha optado por otras vías para intentar recuperar el dinero, después de que Kühn abonara ya alrededor de dos millones de euros a esta administración.
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