La asociación Proguies Turístics de Balears ha alertado que la limitación de las visitas guiadas a grupos de máximo 20 personas suponen un enorme cambio que, además, contraviene directamente la normativa autonómica, que permite en estos momentos alcanzar las 70 personas.
La entidad, integrada en Pimem, asegura que el contenido de la ordenanza cívica de Palma a este respecto no se ajusta a las necesidades reales y tendrá repercusiones económicas; por lo que defienden que la regulación autonómica, que prevalecería sobre la ordenanza al estar vigente desde 2015, encaja mejor en la situación actual de las islas.
Por su parte, la nueva ordenanza cívica de Palma se encuentra aún a las puertas de ser aprobada de forma definitiva en el pleno municipal, ya que primero debe pasar por el período de alegaciones. «Actualmente la media de grupos se mueve entre los 30 y los 50, pero llama la atención que el Ayuntamiento no haya tenido en cuenta la normativa autonómica antes de dar el paso», ha señalado el presidente de Proguies Turístics, Gabriel Rosales.
Por otra parte, Rosales ha considerado que esta limitación propuesta por Cort «golpeará» de manera directa tanto al ámbito turístico como a otros sectores económicos y empresariales relacionados con las visitas a Palma. «Con grupos de 19 miembros no vamos a poder vender excursiones al ser inviables económicamente», ha lamentado el presidente de Proguies, quien ha recordado que la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) se pronunció en los mismos términos.
Lugares como la Catedral de Mallorca o el Castell de Bellver, ha añadido, también podrían ver reducidos sus ingresos. En el segundo caso la pérdida afectaría directamente al Ayuntamiento, ya que es quien lo gestiona, ha puntualizado Rosales.
Vulneración de la privacidad
Otro de los aspectos de la ordenanza que ha rechazado la asociación de Pimem es la obligación de que los guías lleven a la vista documentos que los acrediten con nombres, apellidos y el número del DNI. «Se vulneran unos derechos de privacidad y se entra en conflicto con la ley de protección de datos. ¿Cómo puede ser que un policía se identifique con un número y nosotros tengamos que exponer toda esta información? Se nos trata como a criminales», ha incidido Rosales.
Tampoco se ha mostrado conforme con la posibilidad de que sea la Policía Local la que controle el número exacto de turistas que conforman un grupo de visitantes. «¿Qué hacemos con los turistas que se unen al grupo, sin ser del grupo, en el momento en que estamos dando explicaciones? ¿Les ponemos un chip como a los perros para saber quién es quién? ¿Repartimos porras para disuadir a los que no son del grupo?», ha concluido.
Calidad y no cantidad. Se les piden medidas a los políticos para frenar la masificación, pues aquí hay una. Bravo alcalde