La Conselleria de Mobilitat mantiene vivo el proyecto de línea de tren al aeropuerto y Llucmajor incluso en la hipótesis de que el Govern no logre aprobar los Presupuestos este año y la prórroga presupuestaria se alargue durante todo este ejercicio. Fuentes de la Conselleria han confirmado que en estos momentos se está en la fase de análisis de las alegaciones que se han presentado al proyecto. El proceso de presentación de alegaciones ha concluido y la Conselleria analiza las propuestas para ver si se incorpora alguna de las sugerencias.
Una vez se haya respondido a las peticiones de cambio, el departamento que dirige el conseller José Luis Mateo prevé que en este primer semestre del año se liciten las asistencias técnicas para la redacción de los proyectos del tren. Con Presupuestos o sin ellos, el Govern tiene una reserva de un millón de euros para pagar estas asistencias técnicas: 600.000 proceden de fondos propios de Serveis Ferroviaris de Mallorca y los 400.000 restantes son aportaciones de la Direcció General de Mobilitat.
El periodo de exposición pública se abrió a finales del pasado año y ha estado abierto durante un plazo de 45 días. La Direcció General de Mobilitat aprobó de forma inicial el estudio informativo del corredor ferroviario de Migjorn. En su primera fase, el proyecto incluye la línea Palma-Llucmajor y, en una segunda fase, el tramo entre Llucmajor y Campos. Además, con el inicio de la exposición pública también comenzó la tramitación de la evaluación ambiental estratégica del proyecto.
La intención del Govern es avanzar los plazos lo máximo posible para que la línea comience a ser una realidad en 2027, con la licitación y la adjudicación del primer tramo. La previsión es que el inicio de las obras sea en 2028 y el cálculo es que duren cuatro años, por lo que la conexión con Llucmajor no estará finalizada hasta 2032. Desde el Govern aseguran que la tramitación de este proyecto sigue en vigor ya que la prórroga presupuestaria no le afecta. Señalan, además, que el conseller ya se ha dirigido al Gobierno central para que colabore en la construcción de una infraestructura que consideran esencial para la mejora del transporte público.