Ordenan el cierre de 10 pisos turísticos ilegales en Palma

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha ordenado y notificado el cese de actividad de 10 pisos turísticos que se dedicaban al alquiler vacacional ilegal en un mismo edificio ubicado en Palma. Paralelamente, se han propuesto también un total de 10 sanciones por valor de 80.000 € a cada uno de estos inmuebles, ascendiendo el importe total de las multas a 800.000 €, al ejercer esta actividad sin disponer de la preceptiva licencia.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el área de sanciones del departamento de Turismo ha iniciado este procedimiento por infracción turística a los apartamentos que se comercializaban ilegalmente en la capital balear, todos ellos concentrados en un único inmueble. "La oferta ilegal, independientemente del sector en el que actúe, supone no solo una competencia desleal muy dañina para todos aquellos que hacen bien las cosas en la isla, que son la inmensa mayoría, sino un problema terrible para la convivencia, algo contra lo que quiere luchar y erradicar", ha recalcado el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez.

El responsable de Turismo ha añadido que esta orden de cese, acompañada de las cuantiosas sanciones, es fruto de un largo y minucioso trabajo en el seno del departamento, que ha "cumplido escrupulosamente con todos los procesos administrativos" y que ha permitido "tal y como marcan los plazos legales", actuar de esta contundente manera. A partir de ahora, el departamento de Inspección se encargará de verificar la ejecución de estos cierres tal y como marca el expediente, pudiendo poner el asunto en manos de la Fiscalía en caso de incumplimiento.

Sanciones de hasta 400.000 € por alquiler turístico ilegal

Cabe recordar que las sanciones que se proponen actualmente a quien realiza alquiler turístico ilegal en Mallorca son de 80.000 € por cada inmueble detectado. La horquilla de multas por esta infracción que establece la ley varía desde los 40.001 € en su franja más baja, hasta los 400.000 € en la máxima. Hasta ahora se venían imponiendo sanciones por valor de 40.001 €, pero el objetivo es disuadir a los infractores para que cesen en su actividad, además de proteger a los residentes y garantizar la seguridad jurídica de toda la oferta legal en el sector turístico.