El sector inmobiliario de las Islas ha expresado opiniones dispares sobre las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedró Sánchez, para facilitar el aceso a la vivienda. «No tendrán ninguna incidencia en Baleares», asegura el presidente de la Asociación de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales de Baleares (ABINI), Hans Lenz. Sin embargo, el presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), José Miguel Artieda, considera que las iniciativas «parecen positivas» a falta de ver cómo se desarrollan.
Sí coinciden ambos en que la limitación para comprar casas a los residentes extracomunitarios no residentes tendrá un impacto muy limitado porque representan un segmento muy pequeño de los compradores. El presidente de ABINI pone como ejemplo que el mercado estadounidense no representa ni el 1 % del total.
En relación a otro de los puntos más destacados del paquete de 12 medidas anunciado este lunes, relativo a la cesión de inmuebles o de suelo a la Empresa Pública de Vivienda, el presidente de Abini razona que en el archipiélago balear hay muy pocos pisos o terrenos disponibles por lo que «no se solucionada nada».
En concreto, el Estado ha transferido más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada Empresa Pública de Vivienda, para construir miles de pisos protegidos destinadas a alquiler asequible. Además, el jefe del Ejecutivo ha señalado que a lo largo del primer semestre de este 2025, la Empresa Pública de Vivienda empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que actualmente tiene la SAREB, 13.000 de ellas de forma inmediata. En estos momentos se desconoce cuántas le corresponden a las Islas.
Sin embargo, el presidente de ABINI insiste en que no tendrán impacto en las Islas. Sí admite que en otras regiones, como Madrid, sí pueden tener algo de incidencia, aunque tampoco cree que mucha. A su modo de ver, se trata de una «cortina de humo».
Además, destaca que Baleares tiene un problema muy grave de acceso a la vivienda, por lo que ha urgido al Gobierno central a dar una respuesta rápida y real. A su modo de ver, la única solución que podría atajarlo es dando las herramientas para que se puedan construir más inmuebles a precios asequibles.
Por su parte, Artieda considera que la limitación del precio del alquiler, aunque no se haya declarado la zona como tensionada, sí será positiva; así como la construcción de VPO. No obstante, se muestra prudente hasta verlas reflejadas todas ellas en el papel y cómo se desarrollan.
Pedirle al pequeño ahorrador que alquile su piso por debajo del precio de mercado y sin seguridad jurídica no solo es absurdo sino amoral. Si hay gente con problemas sociales el estado tiene que hacerse cargo, es tomarnos por tontos querer que se haga cargo un particular. Es una vergüenza que se hable y hable de hacer vivienda social y no se haya hecho nada. Y qué alguien explique cómo es posible que un okupa tenga más derechos que el propietario. Con más seguridad jurídica abría más pisos en alquiler y más pisos ofertados hace que bajen los precios.