El PSIB en el Consell de Mallorca exige el «cese inmediato» del conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, por la denuncia de un grupo de funcionarios públicos contra el conseller por supuestamente intentar agredir al jefe de Inspección. Reclama también explicaciones al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y le insta a llevar a la Fiscalía hechos «muy graves» que resume en «comportamientos agresivos, politización de la inspección, falseamiento de datos y tratos de favor".
Así lo ha reclamado la portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, en declaraciones a los medios tras conocer la información publicada por Ultima Hora sobre una denuncia anónima de trabajadores del departamento por maltrato psicológico, amenazas y coacciones.
Cladera se ha mostrado «muy preocupada» ante unos hechos «muy graves» y, en consecuencia, ha exigido al presidente del Consell, Llorenç Galmés, que cese inmediatamente al conseller de Turismo. «No podemos permitir de ninguna manera que un conseller con esta descripción que hacen los medios sea un alto cargo», ha dicho.
Además, han pedido a Galmés que comparezca públicamente para explicar si conocía estos hechos y, de ser así, por qué no ha actuado antes y «ha permitido todo esto».
También ha hecho referencia el supuesto «trato de favor» en el caso del agroturismo de Sa Talaia Blanca que «todavía sigue abierto a pesar de que hay una sentencia que dice que tendría que estar cerrado».
«Que Galmés dé la cara, que lo explique a la ciudadanía y que se hagan las actuaciones pertinentes», ha insistido la socialista, a la vez que ha pedido también una auditoría interna del Departamento durante el último año y medio.
Según Cladera, en función de lo que salga de la auditoría, Galmés debería denunciar los hechos ante la Fiscalía, puesto que son «muy graves».
En esta línea, ha remarcado que desde el PSIB han denunciado de forma reiterada que había «cosas muy raras» en el Departamento de Turismo, como el «trato de favor» en el caso Porsell o en el caso de Sa Talaia Blanca.
«Tenemos muestras más que suficientes», ha apuntado Cladera, criticando también que en Inspección Turística «no ha habido datos claros en ningún momento» ni sobre la reducción de plazas. «Ya había sospechas de que no se estaba actuando bien», ha afirmado.
Por último, Cladera ha trasladado el apoyo del PSIB a los funcionarios, agregando que «no es justo que tengan que sufrir esta ingerencia política, este maltrato y coacción».
En la misma línea se ha expresado el portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, que ha instado al presidente del Consell, Llorenç Galmés a destituir a Marcial Rodríguez «hoy mismo» ya que, de lo contrario, «será tan responsable como Rodríguez» .
Alzamora ha calificado de «inadmisible» el comportamiento de Rodríguez: «El uso de la violencia siempre es intolerable, pero que sea ejercida por un cargo público es todavía más indignante».
Sobre las presuntas irregularidades cometidas en las tramitaciones de expedientes que figuran en la denuncia, Alzamora ha recordado que el partido ecosoberanista ya alertó sobre posibles tratos de favor: «hay que llegar hasta el final y averiguar si Galmés era conocedor de la situación y desde cuándo».
Desde el PI consideran que las acusaciones vertidas en la denuncia son «muy graves». Para el partido regionalista: «ni un jefe puede agredir a un trabajador ni un trabajador puede difamar la imagen de un cargo público de esta manera. Por eso pedimos que se investigue, que se llegue al final de la cuestión y que se tomen las medidas pertinentes sobre quien pertoque».
Proceso
La denuncia presentada por un grupo de funcionarios del Consell se ha remitido al Sistema Interno de Información del Consell de Mallorca y al canal de denuncias de la Administración de la CAIB, que la reenvió a la institución insular al considerar que es el órgano competente para resolverla.
La denuncia será ahora estudiada por una comisión del Sistema Interno de Información del Consell, que debe adoptar las medidas necesarias y mantener una línea de comunicación con los informantes. Las denuncias son confidenciales y se garantiza el anonimato.