«Hemos decidido comunicar oficialmente a la Delegación de Gobierno que desde el IMAS ya no consideramos el Polvorín de Santa Magdalena, en Inca, un recurso viable para la apertura de un centro de primera acogida», ha dicho este miércoles el conseller de Benestar Social y presidente del Institut Mallorquí de Afers Socials, Guillermo Sánchez, en una rueda de prensa para hacer balance cómo ha afectado la crisis migratoria en 2024 al sistema de de menores de la Institución.
Sobre las razones que han motivado esta decisión, Sánchez ha justificado que «aunque el Polvorín cuenta con características técnicas adecuadas, la exposición mediática ha generado un entorno que hace imposible garantizar la intimidad de estos menores». En este sentido, ha señalado que la normativa vigente obliga a proteger la privacidad e intimidad y «con la situación actual, ya no es posible». Asimismo, ha expuesto que «las entidades que gestionan estos recursos necesitan un entorno de tranquilidad para trabajar, algo que no se puede conseguir con el nivel de polémica y presión mediática que está rodeando actualmente este espacio; poniendo en peligro la eficacia del servicio y el bienestar de los menores».
También, ha insistido en que la elección de esta ubicación para el futuro centro«fue una propuesta de Delegación del Gobierno al Consell de Mallorca», pero que «fue el partido Socialista el que expuso públicamente la ubicación, cuando aún era una propuesta en valoración»; lo cual «además de irresponsable, ha comprometido gravemente la viabilidad del recurso». Por su parte, la Delegación del Gobierno ha insistido en que la gestión migratoria «no ha de ser objeto de confrontación política» y que se debe «sacar este tema del debate político y buscar entre todas las administraciones la mejor manera de gestionar esta realidad global de la migración».
Llamamiento
Según ha detallado el conseller, en el año 2024 han llegado a las costas mallorquinas 367 menores migrantes no acompañados; lo que significa que las llegadas se han duplicado con respecto al año anterior cuando fueron 180 niños y adolescentes extranjeros. De hecho, tres de cada cuatro menores que están dentro del sistema residencial del IMAS responden al perfil de menor migrante no acompañado y existe una sobreocupación de un 70% en los centros especializados de la Isla, que ascienden a unos 250.
Por ello, ha reiterado su petición al Gobierno de España «para que aporte los recursos necesarios para atender lo que claramente es una crisis de inmigración ilegal». «Esta situación no puede recaer únicamente en las instituciones locales», por lo que ha solicitado de nuevo «colaboración y responsabilidad a todas las administraciones implicadas». Además, ha hecho un llamamiento al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, «para que refuerce las políticas migratorias y ponga en marcha medidas efectivas para combatir la inmigración ilegal».