Los partidos de la oposición al Govern, PSIB, Més y Podemos, han registrado este miércoles en el registro del Parlament una proposición de ley de urgencia para prohibir la construcción en zonas de riesgo de Baleares e impedir la legalización de casas ilegales que existan sobre estos suelos.
La iniciativa responde a la preocupación ciudadana generada tras las tragedias vividas por la DANA de Valencia y las inundaciones de Sant Llorenç de 2018, y busca revertir las modificaciones impulsadas por el Govern del PP en mayo de este año con la aprobación del decreto de simplificación administrativa, que permitió la construcción en zonas inundables.
La proposición incluye medidas clave como impedir nuevas edificaciones en áreas de riesgo, así como la instalación de nuevos equipamientos y la conversión de bajos comerciales en viviendas en zonas inundables. Además, contempla impedir la legalización de construcciones fuera de ordenación y prohibir reformas en estos inmuebles, medidas que, según la izquierda, pretenden frenar las «legalizaciones encubiertas» que podrían derivarse de la normativa actual impulsada por el PP.
Los portavoces de PSIB, Iago Negueruela, Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, Més per Menorca, Josep Castells, y la diputada de Podemos Cristina Gómez, han presentado esta iniciativa en una rueda de prensa. Según han explicado, esta proposición responde al clamor de la ciudadanía balear que, tras episodios trágicos como las inundaciones de Sant Llorenç, exige una legislación «clara y firme» que proteja la seguridad y el bienestar de las personas en zonas de riesgo.
En palabras de los diputados, «el modelo actual de permisividad urbanística, no solo pone en peligro a los residentes, sino que también daña la cohesión social y el entorno natural de Islas Baleares». Los partidos de la izquierda han criticado duramente las decisiones adoptadas por el Govern del PP Marga Prohens, al que acusan de haber levantado restricciones clave mediante el decreto de simplificación administrativa. Según los grupos progresistas, esta medida ha supuesto un «efecto llamada» para la solicitud de nuevas licencias en zonas inundables, generando una situación de inseguridad tanto para los habitantes como para el medio ambiente.
La propuesta legislativa incluye los siguientes puntos principales: prohibir la construcción de nuevas edificaciones en zonas inundables, restringir la instalación de equipamientos en áreas de riesgo, impedir la conversión de bajos comerciales en viviendas en zonas inundables, y prohibir la legalización de edificaciones fuera de ordenación y evitar cualquier tipo de reforma en estos inmuebles. Estos grupos parlamentarios han alertado de que la presidenta Prohens necesitará los votos de la izquierda para aprobar las medidas necesarias que garanticen la seguridad en estas áreas y para corregir las decisiones tomadas en el pleno del Parlament con el apoyo de Vox.
Los representantes de la izquierda han solicitado al Ejecutivo una reunión inmediata para iniciar una negociación «real» que permita avanzar en la protección de las zonas de riesgo. Según han afirmado, el vicepresidente, Antoni Costa, y la propia presidenta han demostrado una «incapacidad de diálogo» que ha llevado a la actual situación legislativa. En este sentido, han insistido en que solo a través del consenso se podrá dar respuesta a las demandas sociales y evitar nuevas tragedias derivadas de la permisividad urbanística.