Los grupos parlamentarios del PSIB-PSOE y MÉS per Mallorca y los diputados de Més per Menorca y Unidas Podemos han exigido este viernes una reunión a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para «desbloquear la negociación sobre zonas inundables» en la ley de simplificación que se debate el martes.
Las cuatro formaciones han lamentado en un comunicado conjunto que el Govern no haya respondido a la propuesta para prohibir las legalizaciones de construcciones en zonas de riesgo y han advertido de que «cada día entran expedientes de regularización que ponen en peligro a la población presente y futura». Piden a Prohens que convoque una reunión urgente para avanzar en la regulación que afecta a las zonas de riesgo de inundación, en el proyecto de ley de simplificación administrativa, cuyo debate y votación se ha incluido en el orden del día del pleno del Parlament del próximo martes.
Una semana después de que los cuatro partidos ofrecieran al Govern la opción de «rectificar y dar marcha atrás a la legalización de edificaciones ilegales en zonas de riesgo» y, en paralelo, volver a la normativa que vetaba la opción de construir o generar nuevas urbanizaciones en estas zonas, el Govern, a través de su vicepresidente, Antoni Costa, «insiste en la legalización y no ha respondido a la propuesta».
Ante esta falta de avances, Podemos, Més per Menorca, Més per Mallorca y PSIB-PSOE urgen a la presidenta a asumir la responsabilidad de esta negociación, que debe culminar antes del próximo martes, cuando está previsto el debate y votación definitiva del decreto ley. Según han advertido en los últimos días varios colectivos comprometidos con la defensa del medio ambiente y la protección del territorio, la disposición del Govern a rectificar su propio decreto del pasado mayo, ha acelerado la entrada de expedientes de legalización de construcciones en zonas inundables en las administraciones locales.
Por eso, los cuatro partidos reclaman a la presidenta «que demuestre con hechos su compromiso de corregir un decreto que implica aumentar el riesgo presente y futuro para la población de las Islas». En concreto, la modificación propuesta por los grupos de oposición plantea excluir de la amnistía urbanística en suelo rústico aquellos edificios que se encuentran en zonas con riesgo de inundación y que no se pueda clasificar nuevo suelo urbanizable en zonas inundables.
Además piden la prohibición total de nuevas construcciones y de los cambios de usos de bajos comerciales para vivienda en zonas peligrosas, como permite la legislación actual del PP. También, proponen eliminar la posibilidad de realizar equipamientos públicos y prohibir cualquier actuación en los edificios fuera de ordenación de áreas de riesgo de inundación. Éstas son las seis medidas clave que plantean las cuatro formaciones de izquierda. Advierten de que «cualquier intento de rebajarlas por parte del Govern no sería aceptable a la hora de pactar una cuestión para la que la ciudadanía exige altura de miras y capacidad de consenso».