Un inspector del Govern que participó en evaluaciones a Cárnicas Vicente entre 2012 y 2017 ha afirmado en el juicio que se sigue contra el administrador de la sociedad que nunca vio que se estuviera haciendo «algo peligroso para la salud».
En el juicio contra el administrador de la sociedad que se sigue en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, el funcionario se ha referido así, en las preguntas formuladas por la defensa, al proceso de descongelación de la carne. Según el inspector, tras un proceso de subsanación que no llegó a ser evaluado por completo aunque sí comunicado por parte de la empresa tras incluirlo, como era preceptivo, en su manual de autocontrol, las prácticas eran conformes «porque no se estaba haciendo nada peligroso para la salud ni muchísimo menos».
Gran parte de este interrogatorio se ha centrado en el uso de agua caliente para la descongelación del producto cárnico. El funcionario ha explicado que la normativa no concreta cuáles son las circunstancias específicas sino que se habla de hacerlo en las «condiciones adecuadas». Respecto al estado de las instalaciones, el inspector ha asegurado que si en alguna de sus visitas hubiera visto suciedad o irregularidades hubiera tomado medidas.
«No estaba en malas condiciones. Tenía incumplimientos, pero no más allá de los que se pueden encontrar en cualquier establecimiento», ha afirmado. Sobre la supuesta manipulación del etiquetado, el funcionario ha admitido prácticas «poco ortodoxas», aunque ninguna ilegalidad. Cabe recordar que en la sesión del lunes, policías que intervinieron en el operativo que en marzo de 2018 acabó con el procedimiento se refirieron a las pésimas condiciones higiénicas de la instalación.
Por otra parte, a preguntas de la fiscal, que ha planteado deficiencias que se mantenían en el tiempo y en sucesivas inspecciones, el inspector las ha admitido aunque matizando que ninguna práctica era «extremadamente peligrosa» ni que fueran motivo de suspensión. «No hay nada tan trágico como me lo plantea usted», ha afirmado dirigiéndose a la representante del Ministerio Público. En un momento del interrogatorio sobre la seguridad alimentaria de un producto congelado, la presidenta del Tribunal ha tenido que advertir al interrogado de la posibilidad de incurrir en falso testimonio si contesta de forma «reticente» tras varios intentos de formulación de la pregunta.
«Si se congela pollo a punto de caducar y más tarde se descongela y se vende como fresco, ¿el comprador lo puede vuelve a congelar?», ha preguntado la fiscal. «Como técnico le diría que no es recomendable desde un punto de vista de la calidad alimentaria e incluso también de seguridad, pero no hay una normativa al respecto», ha respondido el funcionario. La presidenta del tribunal ha rehecho la pregunta: «Si compro carne que caduca mañana y la congelo hoy, dentro de la fecha, la tengo congelada equis tiempo y lo descongelo, ¿en cuánto tiempo la puedo consumir?».
El testigo ha afirmado que «no puede responder» porque lo establece el operador, en este caso, la empresa. También en el interrogatorio de la fiscal, el inspector ha asegurado desconocer que haya una denuncia penal contra él. El funcionario ha negado tener una relación de amistad con el procesado. El funcionario ha negado, a preguntas de la representación de la CAIB, que tiene abierta una causa contra él por supuestamente haber facilitado correos electrónicos a las partes y por la que lo mantiene suspendido, tener ningún interés en la absolución o condena del procesado, aunque haya visto «procedimientos que no son correctos».
En la primera sesión, el administrador de la sociedad negó haber comercializado con alimentos adulterados o caducados y defendió las prácticas de congelación y descongelación que llevaba a cabo en su empresa. El juicio comenzó con la retirada de las acusaciones por delitos de estafa y contra la seguridad en el trabajo, por lo que el procedimiento sigue en relación a un delito contra la salud pública.