Una cláusula introducida en sucesivas modificaciones del contrato de recogida de residuos obliga ahora al Consell Insular a abonar seis millones de euros más a Tirme o a aprobar una subida de tarifas. Un dictamen del Consell Consultiu aclara a la institución insular cómo afrontar la inversión y nuevos costes de explotación del servicio como consecuencia de las mejoras en la planta de compostaje de Marratxí. El dictamen se despacha entrelineas con la gestión del Consell y las sucesivas prórrogas del contrato, que se firmó en 1992 y que está en vigor hasta 2047.
El documento del Consultiu surge a partir de una consulta formulada por el Consell que planteaba si debía ser Tirme quien asumiera ese coste o si podía acudir de nuevo a una modificación del contrato que regula la concesión. Las dos respuestas del Consultiu, por unanimidad, son contrarias a los deseos del Consell. «No es posible otra solución que la de aceptar que la concesionaria tiene derecho, o bien a una compensación económica, o bien a la autorización del aumento de la tarifa, salvo que se quiera correr el riesgo de infringir el principio de confianza legítima, sin justificación ni amparo legal alguno», señala.
El dictamen apunta además que las mejoras técnicas que ha afrontado Tirme derivan de cambio s en la UE y que, por tanto, no hay una ruptura en el contrato que implique una revisión: «Lo que hay es una clara base para autorizar repercutir el coste en los usuarios o a cobrarlo del erario insular».
Generico
Atado por una cláusula que está en vigor desde el año 2001
El Consultiu apunta a que está en vigor desde el año 2001 una condición en el contrato que obliga al Consell a asumir este tipo de gastos y que impide una revisión a fondo de la concesión. Esa misma cláusula se ha mantenido en otras cuatro modificaciones que se han hecho de la concesión desde que se puso en marcha. Marca que en caso de incrementos que superen el 15 por ciento de la prima pagada el ejercicio anterior y que sea por causas externas a Tirme, este aumento se repercutirá en las tarifas «con la finalidad de garantizar la viabilidad económica financiera de la concesión», que es lo que ocurre ahora.