Més per Menorca ha presentado una proposición de ley en el Parlament que busca garantizar el acceso de los residentes a una vivienda en Baleares por la vía de impedir la venta de patrimonio inmobiliario a los no residentes en las Islas en el momento en que el Govern declare que toda Balears, una isla o un municipio sufren emergencia habitacional. Una vez decretada la emergencia, los propietarios solo podrán vender su bienes inmuebles a las personas físicas que acrediten un vínculo económico con Balears, como puede ser un contrato de trabajo, o un vínculo social prolongado, como puede ser un certificado de residencia.
Para poder vender la vivienda, primero deberá publicarla en un portal público que deberá crear el Govern a tal efecto y los notarios tendrán la obligación de advertir al vendedor de la vigencia de estas limitaciones. También queda prohibida la venta a personas jurídicas ya que buena parte de las viviendas que compran los extranjeros se registran a nombre de sociedades. La norma incluye todas las condiciones que deben darse para declarar la emergencia habitacional, como es una subida desmesurada de precios o un aumento de las viviendas destinadas al alquiler turístico, y también recoge la casuística para entender que existe una vinculación social con las Islas por parte del aspirante a comprador.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, explica que una ley parecida está vigente en la isla holandesa de Ameland. «Estamos vendiendo el país», advierte. Asegura que es imprescindible que los residentes tengan prioridad en la compra de las viviendas que salen al mercado para evitar que una de cada tres casas acabe en manos de un comprado extranjero, como sucede en estos momentos. Asegura que no contraviene la normativa europea ya que hay jurisprudencia que permite limitar la libre circulación de bienes y capitales por razones de interés general.
Castells es consciente de que la norma no saldrá adelante por el rechazo del PP, pero cree que mantener abierto este debate es importante para el futuro, y citó como ejemplo la aceptación final de la ecotasa por parte del PP, una iniciativa que rechazaba en un principio.
El coordinador de Més, Lluís Apesteguia, ha señalado que su partido trabaja en una ley propia que prohíbe la compra a no residentes mientras que la diputada del PSIB Mercedes Garrido cree que debe hablarse de todo, pero incide en que lo primero que debe hacerse es poner límite al precio de los alquileres.