Pedro Rollán preside el Senado desde las pasadas elecciones, una Cámara donde el PP tiene mayoría absoluta y que, en ocasiones, ha actuado como contrapoder a Pedro Sánchez. Estos días ha participado en Palma en una reunión de presidentes de parlamentos autonómicos. Defiende la capacidad legislativa del Senado y critica que se ponga en cuestión.
¿El Senado es la Cámara de oposición a Pedro Sánchez?
-El Senado forma parte de las Cortes Generales. No es una voluntad de confrontación, sino de respeto a la voluntad democrática de los españoles, que decidieron dar una mayoría en el Congreso, que no es absoluta, y dar otra en el Senado, donde el PP dispone de la mayoría absoluta. Además recibe el apoyo de otras formaciones políticas distintas que son un reflejo de la voluntad de conseguir unas mayorías más amplias.
El Congreso mantiene retenidas varias leyes que ha enviado el Senado con el apoyo del PP. ¿Es una decisión política?
-Sí, y alguna de ellas tan importante como la que permite a los propietarios recuperar en 24 horas las viviendas que han sido ocupadas. El Congreso y el Senado tienen las mayorías que han decidido los españoles y tan legítima es una como la otra. Lamento que haya doce leyes retenidas y estoy convencido de que algunas de ellas podrían salir adelante en el Congreso. Creo que el PSOE percibe que, de permitir la tramitación, eso implicaría nuevas derrotas y por eso lo evita.
¿Y qué papel cree que juega en ello Francina Armengol?
-Envié una carta a la presidenta, con varias cuestiones, en la que le pedí que se desbloquearan estas leyes y me trasladó que las leyes estaban en las comisiones, pero lo cierto es que siguen bloqueadas. La única excusa para plantear esas prórrogas, que ya suman un total de 146, es la intención de no facilitar la capacidad legislativa del Senado.
¿Y cómo es su relación con ella?
-Correcta en lo personal; en lo político, estamos en las antípodas.
En los últimos días hemos asistido a una polémica por la cesión de una sala a la Red Política por los Valores, con posiciones antiabortistas. ¿Qué opina?
-Quiero trasladar que en el Senado se celebraron jornadas muy similares en la anterior legislatura, bajo la Presidencia del señor Gil y de la señora Llop, y me sorprende mucho que se haya suscitado esta polémica, que no generó ninguna discrepancia en la Mesa más que a toro pasado. Se ha hecho lo mismo que en otras muchas ocasiones y algunos de los referentes que vendrán ya estuvieron en el Senado en la anterior legislatura. La cesión del espacio no supone la adhesión inquebrantable a todos y cada unos de los planteamientos que se hagan. Aquí también se ha hablado mucho del derecho que tienen las mujeres a interrumpir su embarazo.
Otra polémica diferente se vivió en el Parlament balear. El president, Gabriel Le Senne, rasgó la imagen de Aurora Picornell y el PP fue muy crítico con esta acción pero favoreció que siga en el cargo.
-Es una cuestión de sentido común. El presidente del Parlamento ha de ser el más comedido de todas Sus Señorías, no igual a los demás: el que más. El de Le Senne fue un episodio absolutamente desafortunado e innecesario y no responde a la imagen que debe dar el Parlament. Tendrá que dirimir la Justicia y respeto el procedimiento. Con la reprobación que se planteó, lo que el PP hizo con su abstención fue señalar, apercibir y dar un toque de atención al presidente por ese comportamiento inapropiado. Creo que no votó a favor para no contribuir a incrementar la inestabilidad y la tensión política. Sostengo que fue una decisión moderada, centrada y sosegada. Lo importante es que el Parlament balear realice su tarea y el Govern la suya para que Balears sea cada vez más una región de oportunidades y que los que venimos de vez en cuando la podamos disfrutar.
El Senado constituyó una comisión del ‘caso Koldo’ por la compra de mascarillas. ¿Siguen los trabajos?
-Se alcanzó un acuerdo para ampliar el plazo para la convocatoria a nuevos comparecientes en función del proceso judicial abierto.
¿Y qué conclusiones espera?
-El espíritu que debe mover a estas comisiones es que Sus Señorías formulen preguntas y que los comparecientes aporten luz y respuestas a preguntas sin resolver. En función de sus manifestaciones, cada grupo parlamentario sacará una conclusión y habrá acuerdos y pronunciamientos. Ninguna comisión de investigación tiene como objetivo sustituir la acción judicial, pero sí poder obtener respuestas y, a partir de ese momento, solicitar la depuración de responsabilidades políticas.
Hemos visto al presidente catalán, Pere Aragonès, en el Senado para defender sus posiciones. ¿Cree que Illa debería ir a explicar el acuerdo de financiación con Catalunya?
-Agradecí que Pere Aragonès viniera el Senado de España a explicar su planteamiento. Illa tendrá la oportunidad de venir si quiere y aportar algo de luz sobre este asunto, porque son muchísimas las preguntas que están sin resolver y depende de a quién escuches, dicen cosas diferentes. Desearía que la obtención de la alta responsabilidad de asumir un gobierno autonómico no supongo hipotecar cuestiones que afectan a todos los españoles, con el trasfondo de la igualdad y la solidaridad. Hay tres comunidades que son contribuyentes netos a la caja común, Madrid, Catalunya y Balears. Si se va Catalunya y deja de aportar unos 13.000 millones al año, en Extremadura, en Castilla-León, en Murcia y en otros territorios se estaría poniendo en peligro la financiación de la educación y la sanidad.
¿Podría ser el Senado el lugar donde debatir sobre financiación autonómica?
-Cuando se celebre la Conferencia de Presidentes, podría ser un buen momento para que se incorpore ese asunto o incluso hacer unas jornadas monográficas. Estamos hablando de gestionar la igualdad entre los territorios y la correcta financiación de los servicios esenciales.
Cuando todos los españoles hemos estado alineados en aspectos comunes, nuestros avances han sido significativos y cuando se han producido desigualdades y diferencias, generalmente surgen los resquemores y las discrepancias.
La ministra de Vivienda hizo una declaraciones donde dejó abierta la posibilidad de quitar recursos a las comunidades que no cumplan la ley de Vivienda y la de Hacienda ha hablado de uniformidad fiscal. El Senado es la Cámara de representación territorial. ¿Deberían abordarse allí estos asuntos?
-La vivienda es una cosa muy seria. Que desde el Gobierno se pretenda limitar y restringir la transferencia de recursos a las comunidades es muy desafortunado. Fui ponente de la ley y ya advertí de las consecuencias de limitar los precios, que ha provocado una reducción de la oferta y una subida del precio. Se está intentando imponer a las comunidades autónomas una ley que aumenta todavía más el precio de la vivienda. No es de recibo.
¿Y la uniformidad fiscal?
-Sobre este asunto quiero reconocer la labor de la presidenta balear, Marga Prohens, que en muy poco tiempo ha eliminado el impuesto de sucesiones y otros para la compra de vivienda por parte de jóvenes, sin que haya afectación al déficit. Se alivia la presión fiscal a los ciudadanos y se ingresa más. También ha pasado en la Comunidad de Madrid, donde esta semana se han conocido los datos de aumento de recaudación aliviando la presión fiscal. Las comunidades autónomas tienen su obligación sobre cómo gestionar sus gastos, pero también tienen sus capacidades sobre de qué manera gestionar sus ingresos. Cuando escucho lo de uniformidad, es una manera de intentar que los españoles terminen pagando más impuestos.