El viernes 29 de septiembre de 2023 entró en vigor la Ley de Bienestar Animal, una norma que sobre el papel introduce nuevas obligaciones de los criadores, vendedores y propietarios de animales, pero también de las administraciones públicas. La aprobación de la norma puso hace un año en jaque a los ayuntamientos de Baleares, incapaces de asumir con sus propios medios los costes económicos y humanos de la vigilancia y control no solo de los perros y gatos de sus vecinos (que tienen que estar identificados con chip y con las vacunas al día) sino también de las centenares de colonias de lo que hasta hace un año eran gatos callejeros y hoy son considerados gatos comunitarios.
Un año después, las protestas se han calmado, muy probablemente porque poco se ha hecho por garantizar el cumplimiento de la nueva norma y como cada año por estas fechas se produce un repunte de ataques de perros al ganado, una realidad que trae de cabeza a los ganaderos. El problema se agravó desde la pandemia cuando hubo un éxodo de las zonas urbanas al campo que conllevó un importante aumento de la población de cánidos en las inmediaciones de las explotaciones agrarias.
La Ley 1/92 de Bienestar Animal en el entorno humano de Baleares ya establecía que los ayuntamientos y los consells son quienes deben vigilar el cumplimiento de la norma y sancionar en caso de infracción, algo que también contempla la nueva ley estatal. «Cuando son procedimientos leves y graves suelen sancionar ellos y solo los casos de infracciones muy graves son derivados a la Conselleria», explica el director general de Agricultura, Fernando Fernández. El Govern ultima la presentación de un recurso contra la normativa estatal que considera «excesivamente intervencionista».
En lo que va de año se han registrado siete infracciones y dos sanciones relacionadas con núcleos zoológicos en la Conselleria d’Agricultura, frente a las 21 infracciones y 13 sanciones de 2023, pero Fernández avisa de que «normalmente hay más infracciones después del verano, cuando la gente se traslada a las ciudades y pueblos y deja más abandonados a los animales en el campo». El caso más claro que ejemplifica esta dinámica es el de ataques de perros al ganado.
Este mes de septiembre ya ha habido cuatro ataques de perros al ganado en explotaciones de Inca y Santa Eugènia con un balance de 18 ovejas muertas, diez cabras, más de 20 gallinas, 15 pavos y 8 patos. La Fundació Natura Parc es la que se encarga de la retirada de los animales muertos y de la captura de los cánidos pero aún hay dos que siguen sueltos y arrastran un historial de más de 200 ovejas y más de cien cabras muertas.
«Hemos puesto todos los medios para capturarlos, cebos, anestésicos, jaulas trampa… pero no hay manera. Los hemos intentado perseguir para saber su procedencia pero cruzan campo a través y no hasta ahora no hemos podido identificarnos. La Policía Local no hace nada», lamenta Mariano Mas, director de la Fundació Natura Parc y propietario de la explotación agraria atacada en Santa Eugènia.
Es una de las cuestiones que preocupa al director general de Agricultura, Fernando Fernández. «Es increíble y dramático que cada año se repita la misma dinámica. Una vez termina el verano los ataques de perros al ganado empiezan a subir y es una responsabilidad clara de los propietarios que los dejan solos en el campo, aburridos y menos controlados. A los animales hay que atenderlos», dice.
La Conselleria realiza inspecciones en los núcleos zoológicos de Baleares para vigilar que cumplan con la normativa vigente. «Lo hacemos a través de un programa de control con inspecciones aleatorias y porcentuales, algunas de las cuales dan lugar a la apertura de expedientes sancionadores. El resto de sanciones responden principalmente a denuncias de asociaciones o vecinos. Si a finales de este año realmente hay menos infracciones y sanciones, probablemente será porque ha habido menos denuncias», concluye. Fernández reivindica que los ayuntamientos de las Islas hagan también controles periódicos de perros en las zonas rurales.
«Los responsables son los dueños de los perros pero los ayuntamientos están obligados a saber cuántos animales tienen en los domicilios de sus vecinos que la Policía Local debería inspeccionar aleatoriamente, especialmente los lugares con perros censados fuera del casco urbano. Esto, junto con la formación de la Policía Local por parte de jueces y fiscales para que sepan instruir los casos de ataques implicaría un gran cambio», dice el director general. Inca es de los pocos municipios que hacen esa vigilancia.
El problema es que las plantillas policiales de los pueblos arrastran desde hace años carencias de personal. «Es cierto que faltan policías locales y que tienen que hacer muchas cosas, pero lo que siempre he pedido es que, igual que integran en la función de la policía local rutinas para sancionar a los coches que estén mal aparcados, también tienen que vigilar a los perros en sus municipios», concluye.
Cabe recordar que Baleares es una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de mascotas. Hace años que hay más hogares con mascotas que hogares con niños en la comunidad. El registro de animales de compañía (RIACIB) que se realiza en colaboración con el Colegio de Veterinarios tiene más de 400.000 animales contabilizados.
Actualmente hay registrados en Mallorca 214 núcleos zoológicos. La mayoría (52) son puntos de venta de aves, seguidos de colecciones zoológicas privadas (50). Empatan en el tercer puesto del ránking los puntos de venta de mamíferos y los centros de cría con 45 cada uno. Según Agricultura «no se ha notado un aumento significativo de nuevas altas desde la aprobación de la ley estatal».