Cristina Conti (1971, Palma) preside la Federació d’Associacions de Pares i Mares (FAPA) de Mallorca y en esta entrevista repasa los temas educativos más allá de la cuestión lingüística.
El Govern restringirá más el uso del móvil en las aulas. ¿Debería hacerse lo mismo con los chromebooks y recuperar soportes analógicos?
-La innovación tecnológica se ha vendido como que tiene que desplegarse con pantallas, pero las horas que están con las tabletas nos parecen una barbaridad. Al principio se compartían y se usaban puntualmente, pero vemos mal que lo copen todo. Tampoco estamos de acuerdo con los deberes. Si el trabajador tiene derecho a la desconexión digital, también el alumno. Los trabajos encargados para casa tienen que ser mínimos y acordados entre los docentes. Las tardes deben de ser para hacer actividades lúdicas y deportivas. Los deberes fomentan inequidad: no es lo mismo tener un padre o una madre con formación académica que te puede explicar las cosas o puede pagar un repaso que una familia que carece de todo esto. Los alumnos más prometedores no podrán salir adelante porque la sociedad no está preparada para darles esa ayuda.
El PP promete ejecutar 150 millones en mejorar y construir centros en tres años; el Pacte gastó 135 en ocho años. ¿Lo ve factible?
-El Pacte llegó tras una legislatura en la que los centros estaban hechos un desastre, no fueron ocho años ordinarios. Y la segundo legislatura estuvo marcada por la pandemia. Siempre pedíamos un aumento presupuestario, pero no consiguen captar personal porque ganan más en el sector privado. Los proyectos se acaban externalizando o atrasándose mucho y muchas licitaciones quedaban desiertas. Ahora parece que está más controlado y puede que dé lugar a un trabajo más eficiente. Apoyamos a la propuesta que el nuevo Govern de invertir 600 millones en una década, pero falta concretar tiempos y tienen en cuenta el crecimiento demográfico. Sobre el plan de climatización ya sabemos que hasta marzo de 2025 no estará el informe final, por lo que se deben tomar más medidas, como seguir comprando ventiladores.
Las zonas escolares se han reducido de siete a tres en Palma. Fomentará la segregación, pero los barrios ya lo están. ¿Qué impacto calcula que tendrá?
-No han querido debatir y contraponer los decretos de escolarización con el Consell Escolar, que aglutina todo el sector. Hicimos alegaciones y este organismo nos dio la razón, pero se negaron a tratarlo. Es verdad que es consultivo, pero se debería tener más en cuenta. Lo suyo hubiera sido que viniera uno de los que han redactado la norma y hubiéramos consensuado un cambio que satisficiera a todas las partes. Con el Pacte sí pasaba. Si hay que aguantar así tres años más de legislatura, lo que dice el conseller del diálogo será falso. Este año ya ha habido familias que querían llevar cerca de casa a sus hijos y les ha tocado lejos por la reducción de zonas. La libre elección de centro es una falacia, hay que dignificar todos los centros y que cualquier vea bien llevar a sus hijos a cualquier colegio o instituto. En los pueblos no tienen este problema, es en Palma que se es más elitista.
La escuela nació con la Ilustración para que los pequeños descubran otra perspectiva del mundo más allá de su casa, pero los docentes critican que muchos padres no les respetan. ¿Qué aconsejan?
-Debe haber más empatía entre unos y otros. La mayoría de veces una buena comunicación aclara dudas y esa madre o padre que va enfadado al colegio, se calma. Está bien que los profesores escriban notas positivas en la agenda de sus alumnos, no solo cuando lo hacen mal. Lo mismo para las familias: cómo comunicamos es los que transmitimos a los pequeños.
Que solo 11 centros, todos concertados, se sumen al plan de elección de lengua ¿cree que es suficiente para alterar, a la larga, el modelo lingüístico balear, como busca Vox?
-Espero que no. Hicimos campañas informativas sobre los beneficios de aprender ambas lenguas, y creo que ha tenido efecto. El castellano lo aprenden sin ningún problema, pero eso no pasa con el catalán. También es vital que luego adquieran otra lengua extranjera. El tema de la lengua preocupa a muy pocas familias y los centros que se han sumado al plan incumplían el Decret de Mínims de un 50 % de horas lectivas en catalán y potenciaban el castellano. Ahora, la diferencia es que cobrarán por ello.
No comparten el mismo concepto de inclusividad del Govern, que implica separar a los menores con discapacidad en centros o aulas especiales. ¿Llegarán a un consenso?
-Somos más partidarios del camino que hizo el centro Joan Mesquida de Manacor, un centro de educación especial que envía a sus profesores a dar apoyo en centros ordinarios. La Lomloe promueve una categoría de centros para trabajar en esta línea y casi todos se han sumado en Balears. Las familias que se han beneficiado de esto no quieren volver a un centro especial. Las que quieren hacerlo es porque en los ordinarios les han dicho que no son capaces de atender a sus hijos y, encima, los especiales tampoco tienen suficientes recursos. Somos conscientes de que siempre habrá un alumnado que requerirá una atención especial en un centro, pero debe de evitarse al máximo. Por otra parte, debe haber especial atención para evitar casos de acoso contra alumnos con necesidades especiales, que lo pasan todavía peor y a veces son una diana.
¿Celebran la ampliación de la gratuidad de la etapa 0-3 años, pero critican la escasez de plazas públicas y que se favorezca a la concertada. ¿Qué pretende la Conselleria?
-Para muchas familias ha sido un alivio económico. Las cuatro horas gratuitas están bien, pero la cosa es a cuánto se cobran el resto de servicios, como el comedor o el resto de horas adicionales para cubrir la jornada laboral; muchos no pueden asumirlo. La apuesta de la Conselleria es reconvertir guarderías privadas en escoletas homologadas y concertadas. El sector privado está para complementar, no para que con los impuestos se pague a empresas privadas.
Forman parte de la red Alimentant el Futur para promover el consumo de productos locales y ecológicos en los comedores. ¿Ve factible avanzar en ello esta legislatura?
-No todos los colegios públicos tienen cocina propia y en algunos institutos también deberían implantarse. La calidad del alimento cambia radicalmente. Estamos muy contentos con que se haya topado el precio a 6,5 euros en los centros públicos, y a eso hay que sumarle trabajar en que los productos sean de proximidad. Se debería unificar el precio en todos los centros, independientemente del número de alumnos que se quedan a comer.
Del 1 al 10, ¿qué nota le pone al primer año del conseller Antoni Vera?
-En cuanto al diálogo, un cero, pero se agradece mucho el esfuerzo que hizo al visitar todos los centros de Balears. Todos ganaríamos si nos tuvieran más en cuenta. Con los sindicatos docentes, en cambio, sé que tiene un diálogo más fluido. Nos gustaría estar cerca de eso.