Baleares volverá a ser el año que viene una de las tres comunidades que dejarán de ingresar recursos propios de sus impuestos para destinarlos a solidaridad con otros territorios. La factura de la solidaridad interterritorial será, en esta ocasión, de 449 millones de euros, la cuantía que se irá de las islas a otras comunidades. En 2025 llegarán 4.004 millones en concepto de financiación autonómica, lo que significa que, del dinero que pagan los ciudadanos de las Islas en impuestos, más de un 11 % se irá a financiar recursos básicos en otros territorios del Estado.
La cifra es muy elevada y lleva a la reflexión sobre la necesidad de aplicar un cambio de modelo de financiación que no termina de abordarse. Hay dos elementos que deben tenerse en cuenta y el primero es que solo hay tres comunidades autónomas que sean aportadoras básicas al sistema, comunidades que pierden parte de sus fondos fiscales para que vayan a otros territorios como apoyo solidario. Son Madrid, Baleares y Cataluña, por este orden si se miran las cifras per cápita. El resto de comunidades o no aportan o directamente reciben dinero de esos fondos solidarios.
La segunda reflexión es de mayor calado político. Si solo aportan tres comunidades y una de ellas dejará de hacerlo porque sale del sistema, ¿qué es lo que pasará con las dos que siguen aportando? Esa es una de las grandes preguntas pendientes de respuesta tras conocerse el pacto fiscal entre el PSOE y ERC que deja a Cataluña fuera del vigente sistema de financiación. La comunidad catalana recaudará sus propios impuestos y después verá qué da al Gobierno como pago a los servicios que presta el Estado en Cataluña, como por ejemplo Defensa.
La respuesta no está clara y no se sabe si la salida de Cataluña del sistema implicará que sus aportaciones a otras comunidades ya no existirán, es decir, si el fondo solidario será menos, o si a partir de ahora serán Madrid y Baleares quienes asuman el pago que hacía la comunidad catalana. No se han concretado muchos puntos del acuerdo, aunque genéricamente se apunta a que Cataluña será solidaria con otras comunidades. Sí se sabe que una de las cuestiones que figura en el documento es que se respetará el principio de ordinalidad, que eso sí beneficia a Baleares. Consiste en que las comunidades que más aportan no estén después entre las que menos reciben.
Baleares aportará el año que viene 340 millones de euros al fondo de garantía y 1.009 millones al de suficiencia. Eso suma unas aportación es de 1.349 millones en solidaridad que se detraen del dinero que se recauda en las Islas. A cambio, Baleares recibirá unos ingresos extra de 900 millones del fondo de convergencia, lo que deja esos 449 millones en solidaridad.
El Govern cree que ya ha llegado el momento de revisar un modelo que supuso una notable mejora sobre el anterior, pero que debe retocarse para superar estos desfases. Es lo que le dijo la presidenta Marga Prohens a Pedro Sánchez en su reciente reunión, pero además con un añadido: «No aceptaremos ningún tratamiento singular que terminen pagando los ciudadanos de Baleares», dijo. Eso es lo que ahora se debe determinar, si Baleares pagará aún más en solidaridad por la marcha de Cataluña.
El apunte
Frente judicial de las comunidades del PP contra el pacto fiscal catalán
El PP ya ha anunciado una oposición frontal al acuerdo para una financiación singular para Cataluña, fuera del sistema de régimen común, que es en el que estaba hasta ahora. Para afrontar este cambio, será necesaria una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas a propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el PP aún confía que en que el Congreso tumbe esta posibilidad a la que ya han mostrado su rechazo barones del PSOE.
En caso de que finalmente la propuesta salga adelante, el PP ha decidido dar la batalla judicial en contra de este cambio de modelo unilateral. Alberto Núñez Feijóo ya ha comunicado que las comunidades del PP impugnarán esta medida ante el Tribunal Constitucional. También ha anunciado que recurrirán los posibles desarrollos normativos que requiera en los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Marga Prohens y el resto de presidentes del PP ya han dicho que darán la batalla para evitar este modelo