El 22 de julio de 2017 unos activistas de Arran encendieron unas bengalas en un bar del Passeig Marítim de Palma y lanzaron confetti contra los turistas que estaban en la terraza (foto). Doce de ellos fueron acusados de un delito de desórdenes públicos por el que la Fiscalía de Balears les reclamó penas que sumaban 29 años de cárcel. Los jóvenes fueron finalmente absueltos en 2022. Es muy significativo ver cómo ha cambiado la sociedad balear en estos siete años desde aquel primer acto contra el turismo masivo, que no solo les valió epítetos de turismofóbicos sino que a punto estuvo de enviarles a la cárcel. Siete año menos un día después, este pasado domingo 21 de julio, aquellos 12 jóvenes de Arran se convirtieron en una marea de 20.000 personas que recorrieron las calles de Palma pidiendo lo mismo que los activistas de Arran.
Cabría preguntarse qué ha pasado para que quienes eran señalados como delincuentes hayan terminado siendo los pioneros de un movimiento social que ha recogido el profundo hartazgo ciudadano ante un modelo expansivo que expulsa al residente a mayor gloria del turismo. La respuesta a ese qué ha pasado varía en función de a quién se le pregunte. Los hoteleros señalan al alquiler vacacional, sin duda una clave esencial en el aumento de los turistas y, sobre todo, en el aumento del precio de la vivienda, que ahora mismo es el principal problema de Balears. El alquiler turístico se defiende señalando al alquiler ilegal con el que muchos desaprensivos se forran a costa de retirar del mercado pisos a precios asequibles. Pero también las plazas hoteleras han crecido en Palma de forma exponencial estos años y no hay que olvidar que 13 millones de visitantes, la inmensa mayoría de los que vienen, se alojan en hoteles.
La combinación de estos tres elementos ha hecho que Baleares pase de estar masificada a estar directamente saturada y, mientras el problema engordaba año a año, no se actúo porque entonces llegó la pandemia y la prioridad –lógica– era recuperar la actividad económica para que los ciudadanos recuperaran su trabajo. En la anterior legislatura se hizo poco y tarde, mientras desde la oposición se ponía el grito en el cielo y se hacían carteles de ‘We love tourism'. Los papeles se han girado parcialmente y la oposición exige al Govern que haga lo que él no hizo mientras el Govern hace lo que dijo que no haría. Y así estamos siete años después de aquel primer aviso. Todo llega tarde en una comunidad donde muchísimos ciudadanos, muchos más de los 20.000 que salieron a la calle, empiezan a pensar que el turismo ya no es la solución sino el problema. Las medidas de contención que se han tomado no han servido por ahora para reconducir una situación que sigue yendo a más. Veremos qué se propone ahora.