La Coordinadora Balear por la Defensa de las Pensiones Públicas ha expresado su rechazo por el plan de pensiones privado que está estudiando el sector hotelero. Una iniciativa, a juicio de la asociación, que «supone una puerta abierta a la privatización de las pensiones públicas».
Los hoteleros de Baleares y del conjunto de España se hallan inmersos en el estudio de estrategias que les puedan ayudar a paliar el acuciante problema de la falta de mano de obra. La creación de un plan de pensiones sectorial es una opción vista con muy buenos ojos desde las empresas hoteleras del Archipiélago, que consideran que esta medida, en conjunción con otros alicientes, contribuiría a fidelizar plantilla. Una fórmula explorada por la construcción hace dos años y que ahora la hostelería pretende reproducir.
La idea es la de dedicar en torno a un 3 % del salario a un plan de pensiones que se plantea como un derecho consolidado: el empleado lo mantendría en el caso de que dejara su puesto de trabajo por otro del mismo sector, pero solo en ese supuesto.
Desde la aseguradora WTW, que se ha estado reuniendo con los hoteles para abordar esta cuestión se defiende la creación del plan de pensiones sectorial al entender que «se trata de una medida que mejora la propuesta de la empresa al empleado, fideliza y motiva». Asimismo, apuntan que «facilita un ahorro complementario a la jubilación justo en un momento en que el Gobierno no acaba de aclarar qué es lo que va a pasar con las pensiones públicas».
Por su bparte, desde la Coordinadora Balear por la Defensa de las Pensiones Públicas -entidad que agrupa a representantes de los sindicatos STEI Intersindical, Som Sindicalistes Balears, CNT, Alternativa Sindicat Docent, CGT y Kellys Unión Baleares- muestran un rechazo frontal a una iniciativa de estas características.
«Los planes de pensiones de empleo son productos financieros», señala la Coordinadora para aseverar que «de pensiones no tienen más que el nombre» y que «lo único seguro es el beneficio de los bancos y aseguradores que los gestionan».
Asimismo, critican que este tipo de planes suelen estar «incentivados» con aportaciones de dinero público «que pagamos toda la sociedad» y que implican rebajas de las cotizaciones sociales para los empresarios o en el impuesto de sociedades. «Se nutren exclusivamente con dinero de los trabajadores», por ejemplo, «con parte de los incrementos salariales pactados en convenio».
En conclusión, desde la Coordinadora señalan que los planes sectoriales de pensiones «son planes de ahorro individuales que por su escasa dotación no cubren, ni de lejos, el objetivo de poderlos disfrutar como pensión: entre 400 y 500 euros anuales de media en el sector de la construcción». Además, considera que el plan es un «intento de dividir aún más a la clase trabajadora».
Por último, se señala que los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, presentes en la Mesa de Diálogo Social de Baleares, «no tienen ninguna legitimidad para negociar sobre pensiones con carácter general porque nadie les ha votado para negociar nada en esa materia».
Al hilo de estas consideraciones, cargan contra CCOO y UGT por haber firmado el convenio estatal de la construcción «sin informar ni consultar a la gente trabajadora afectada». Caso contrario fue el del Convenio del metal, donde CCOO se negó a firmar la inclusión de los planes de pensiones de empleo.