El Ajuntament de Palma, a través de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP), reclama al Consell de Mallorca una deuda de 43.378 euros por nueve plazas de aparcamiento que en la anterior legislatura fueron contratadas por dos consellers y un secretario técnico del Pacte. Sin embargo, los alquileres no estaban autorizados y varios informes de Intervención advirtieron de esa circunstancia, que fue ignorada durante casi cinco años. Así pues, el equipo de Llorenç Galmés se niega a que sea la institución la que pague el ‘agujero' y reclamará la citada cantidad a los tres políticos progresistas.
Los consellers Andreu Serra y Jaume Alzamora, responsables de Turisme y Promoció Econòmica respectivamente, y Francesc Ramis, secretario técnico de Cultura, al igual que otros políticos, tenían derecho en sus departamentos a una serie de plazas de aparcamiento en el párking de gestión municipal de Vía Roma. El número de plazas permitidas, sin embargo, fue superado sin autorización.
Reclamación
Sin embargo, un reciente informe de la SMAP, al que ha tenido acceso en primicia Ultima Hora, y que está firmado por la gerente Lydia Pérez, alerta al Consell de que esas plazas fueron ocupadas sin autorización: «Queremos realizar la reclamación formal de la deuda por un importe de 43.378, 08 euros que existe a fecha de hoy, contraída por diversos departamentos del Consell de Mallorca con la SMAP como consecuencia de la formalización de diversos contratos de abono del aparcamiento de Vía Roma».
Y enumera que «en fecha de 8 de octubre de 2018, el señor Francesc Ramis Oliver formalizó el contrato con la SMAP de cinco plazas», aunque tres de ellas causaron baja después «por petición expresa del Consell de Mallorca». Es decir, dos habían sido autorizadas y las otras tres no. La deuda asciende a 13.744,06 euros.
El informe continúa detallando que «en fecha del 1 de enero de 2021, el señor Jaume Alzamora Riera, formalizó con la SMAP el contrato de tres plazas», que luego también causaron baja, dejando un descubierto actual de 11.711,76 euros.
El tercer informe alude a Andreu Serra Martínez, que llevó a cabo un contrato de abono de tres aparcamientos, cuyo importe no satisfecho asciende a 17.922,26 euros. En el caso de Alzamora, la facturación de las tres plazas se realizaba cada seis meses. Por mes, cada párking costaba 128,66 euros. A ese departamento del Consell llegaron en total quince facturas, aunque no hay ningún informe de fiscalización hasta la fecha ni se ha pagado ninguna.
Las fuentes del Consell consultadas han indicado que «antes de formalizar los contratos no se cumplió con las normas de preparación y adjudicación que exige la Ley de Contratos del Sector Público.
Además, no constan en el contrato las matrículas de los coches que se aparcarían en Vía Roma y, por tanto, no se sabe si son coches propiedad del Consell o coches particulares de los altos cargos». Las facturas que llegaron en 2023 no están firmadas por ningún funcionario, solo por el director insular de Promoción Económica. El departamento de Intervención ya alertó de que el Consell no pagaría esas factura, a través de varios informes desfavorables, pero las plazas se siguieron utilizando. «No se entiende por qué el Consell debe pagar esas plazas no autorizadas si muchos funcionarios y trabajadores están en la misma situación y no se les paga», concluyen.
Punto de vista
Lo gratis sale caro
Josep Pons FragaLos políticos han de percibir sueldos dignos para ejercer sus funciones, que no pueden transformar en prebendas ni canongías. El decoro marca el límite para no incurrir en el aprovechamiento y en su propio beneficio. Quienes, durante el mandato del Pacte, usufructuaron el uso espúreo de nueve plazas de aparcamiento no autorizadas, ahora han de abonar lo que les salió gratis. Los ciudadanos reclaman un gesto de coherencia y propósito de enmienda a Andreu Serra, Jaume Alzamora y Francesc Ramis.