Vuelva usted dentro de tres años. Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma ha señalado esta semana una vista para el ocho de junio de 2027. A las once y media de la mañana.
El abogado que lleva la causa, Tomeu Frau, denunció lo sucedido en sus redes sociales: «Es muy complicado explicarle a un cliente que su juicio se celebrará dentro de tres años». Con todo no es un caso excepcional sino el reflejo de la situación que arrastran desde hace años los juzgados de lo Contencioso en Balears: en septiembre de 2022, por ejemplo, señalaban juicios que todavía no se han celebrado dado que eran para mayo de 2025. Lejos de arreglarse, la situación se ha enquistado.
El problema de base es que las Islas solo cuentan con tres juzgados de esta jurisdicción, todos ellos se ubican en Palma y tienen competencia provincial. Como comparación, en Asturias o Extremadura tienen seis; en Murcia hay siete y en Canarias ocho.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial se trata de la jurisdicción más congestionada de las Islas. Con una tasa del 5,6, que es el cociente entre el número de asuntos pendientes y los resueltos. La media en las Islas es de 3,1. Los tres juzgados cerraron el primer trimestre de este año con 4.673 asuntos pendientes por resolver: 1.557 para cada uno de esos juzgados. También la media más alta para los órganos unipersonales de Balears, aunque los juzgados de Primera Instancia les comienzan a dar alcance con casi 1.500 también para cada uno de ellos.
De hecho, en ese periodo, a pesar de que recibieron un 23,2 por ciento de asuntos menos que el año anterior y que resolvieron un 6,1% más, todavía sumaron un 2,7 por ciento más de causas pendientes, lo que se explica por los que llevaban arrastrados de ejercicios anteriores.
Los tres juzgados cuentan con varios refuerzos, además de jueces sustitutos y en comisión de servicios para intentar desbloquear la situación. Los órganos de gobierno del TSJIB han reclamado en varias ocasiones al Ministerio de Justicia la puesta en marcha de varios juzgados más y que se instalen también en Eivissa y Menorca para intentar remontar el retraso que se acumula.
El apunte
Una reclamación por una caída en autobús
El caso demorado a junio de 2027 es la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por una mujer contra la TIB por la caída que sufrió en un autobús. La administración negó tener ninguna culpa de las lesiones que sufrió y el control judicial se demorará años.