La Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA) ha lamentado este viernes que la mayoría de ayuntamientos de Baleares no estén dispuestos a aplicar el decreto de vivienda 6/2023 «por falta voluntad» y para «evitar conflictos» dentro de los propios municipios.
En una rueda de prensa, el vicepresidente de la asociación Óscar Carreras, ha lamentado que los consistorios «hayan ido a lo fácil» y estén desaprovechando la oportunidad que se les brinda desde el Govern para facilitar vivienda «digna y a precio asequible». Según Carreras, «Siempre se acusa a los promotores de especular y ha llegado la hora de dar la vuelta al argumento, porque se les está dando la oportunidad de hacer viviendas sin consumir territorio ni recursos extras», ha afirmado.
Los promotores celebraron este jueves su asamblea general en la que trasladaron que solo Palma, Inca, Andratx y Calvià, en Mallorca, Santa Eulària en Ibiza y Ferreries y Sant Lluís en Menorca, hayan mostrado disposición de aplicar el Decreto-Ley 6/2023 de medidas urgentes en materia de vivienda del Ejecutivo autonómico.
Respecto a Mallorca, hasta 15 municipios han decretado no aplicarlo o hacerlo con muchas limitaciones y otros cuatro lo mantienen en suspenso mientras estudian su aplicación, según datos facilitados por PROINBA.
«No hay excusa», ha insistido Carreras, cuando se está dando la oportunidad de impulsar tramitaciones por la vía de urgencia. Para el presidente de los promotores, Luís Martín, es «lamentable» que los consistorios «desprecien» el texto. «Les dan una oportunidad y municipios de todos los colores lo están rechazando», ha alertado el presidente de los promotores, que invita a los ayuntamientos a hacer una lectura en positivo del decreto para solucionar un problema estructural de Balears como es la falta de vivienda digna y asequible». Un decreto 6/2023 «filosóficamente bueno, pero técnicamente mejorable», según Martín.
El presidente de los promotores ha destacado la «fluida comunicación» que mantienen con las administraciones y ha alabado algunas de la nuevas medidas anunciadas por el Govern de Prohens, como el próximo decreto de simplificación administrativa y la consulta pública para una nueva ley de urbanismo. Unas medidas que, en opinión de Martín, deberían servir para agilizar el ritmo de construcción: «tenemos un déficit anual de entre 2.500 y 3.000 viviendas que no se construyen y el 98 % son de precio asequible», ha señalado
Comisión de medio ambiente
A preguntas de los medios, Luís Martín se ha referido a sus declaraciones sobre la Comisión de Medio Ambiente en un foro del PP, en el que dijo que habría que «quemarla y empezar de nuevo». No se arrepiente de haberla pronunciado, si bien ha querido aclarar que la Comisión «debe existir».
Martín ha lamentado que sus declaraciones «informales» se hayan «tergiversado mediática y políticamente» y ha criticado que el buen trabajo de los técnicos se «intoxique por la dirección de personas que la convertían en un órgano político, y esa persona se llama Antoni Alorda», ha afirmado.
Muleta II
La Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares ha criticado la «soberbia de los políticos que tomaron una decisión y que no tendrán que asumir el coste», en relación a los 96 millones de euros que deberá pagar el Govern por la desclasificación de Muleta II.
«Ser políticamente ecologista sale barato, ser ciudadano es muy caro. Tocaremos a unos 100 euros por alma balear», ha asegurado el presidente de los promotores, que ha recordado que la administración esperó a que se urbanizara para desclasificar y que se podría haber negociado para que el coste de la administración fuera menor.
Según Martín: «debería haber una ley que implicara patrimonialmente a los políticos que toman este tipo de decisiones».