Dos informes del anterior Govern emitidos con un año de diferencia se contradicen sobre el destino que se dio a las mascarillas 'fake' antes de que quedaran inmovilizadas al descubrirse que no eran las que se habían solicitado. El primero de ellos es el emitido el 20 de marzo y es el que blanden desde el PSIB para señalar que el Govern reclamó, antes de las elecciones, que se adoptaran medidas contra la empresa.
El informe se emitió casi tres años después de que las mascarillas llegaran a Baleares y al menos ocho meses después de que la Guardia Civil se personara en el IB-Salut para llevarse una copia de los contratos con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas. En ese informe, se señala que las mascarillas llegaron el 29 de abril y el 8 de junio el Ministerio de Trabajo confirma que no son las adecuadas.
A partir de ese momento, según el informe, «el Servei de Salut procede a comunicar a los centros sanitarios dependientes la retirada de estas mascarillas y su almacenamiento hasta que se tomen las medidas oportunas» para resarcir al IB-Salut «de la situación que ha ocasionado ese hecho». Es decir, ese primer documento certifica que el material se envió a los centros sanitarios. En este informe, no se hace mención a la posible exigencia de la devolución del dinero, si bien se asegura que se procederá a tomar «las medidas oportunas» con el fin de «resarcir» al IB-Salut «de la situación que ha ocasionado este hecho».
Sin embargo, parte de lo que dice este documento se contradice con el fechado el 6 de julio de 2023, el día en que Marga Prohens es elegida presidenta. En él no se hace ninguna mención al del día 20 de marzo y se defiende que no se había solicitado la compensación hasta entonces, el 6 de julio de 2023, «por seguir la pandemia vigente». «En estos momentos, y ante el fin de la situación pandémica, se procede a solicitar dicha compensación», añade
En este documento de julio también hay una diferencia con el de mayo. Se asegura que cuando se supo que las mascarillas no servían, se planteó tener un stock de mascarillas «para su posible distribución a la sociedad civil» y, en contra de lo que dice el primer informe, ya no se habla de centros sanitarios, sino que se habla de «centros logísticos sanitarios». Insiste en que se codificaron de forma diferente «porque no estaban pensadas para distribuirse dentro del ámbito hospitalario, sino en el ámbito civil».
En ese informe se apunta que las mascarillas se almacenaron en las antiguas dependencias de Son Dureta para poder distribuirlas «en cuánto y dónde se decidiese». Añade que se han almacenado en las dependencias del Servei de Salut hasta el año 2023, cuando se decreta el fin de la pandemia por parte de la OMS. «Es por esta razón por la que se seguían manteniendo almacenadas a la espera de un posible uso», señala. La realidad es que, para entonces, la mayor parte del 1,4 millones de mascarillas ya estaban caducadas.
JordietA este paso se les van a acabar las "historias" Apagan un problece y le crecen dos.