«Han suspendido por tercera vez el desahucio de mis 'inqui-okupas'». Este es el duro testimonio de Cristina Jiménez, que se muestra perpleja ante esta situación. Hace 22 meses que no cobra al alquiler de su piso en Palma y ya le deben 18.700 euros. Paradójicamente, decidió arrendarlo para poder pagar la hipoteca ya que al ser autónoma sufrió con crudeza los efectos de la pandemia.
Pese a que ya le ha sucedido en otras dos ocasiones, Cristina confiaba en que esta vez si podría poner fin a esta pesadilla y recuperaría su casa, que teme que estará destrozada. Sin embargo, ha recibido una notificación del juzgado en el que la informaban que se volvía a suspender el lanzamiento por no haber notificado a uno de los inquilinos con tiempo suficiente para que tuviese la oportunidad de recurrir en apelación la sentencia antes de la fecha de lanzamiento, señalada el 30 de enero de 2024 a las 9:30 horas.
Cristina no podía dar crédito. Esta pesadilla que se ha apoderado de su vida, la está consumiendo, e incluso, se ha tenido que poner en tratamiento psicológico para poder afrontar el día a día. A las dificultades económicas que le acarrea, hay que añadir los problemas que las personas que 'okupan' su inmueble les generan a sus vecinos. «Me llaman constantemente para quejarse por el escándalo que hacen y las peleas que tienen; han puesto hasta cámaras en las zonas comunitarias». Ella siente una gran impotencia, ya que no puede hacer nada para evitar las molestias.
Por este motivo, esta semana se ha personado con su abogado en los juzgados de sa Gerreria, donde una registrado un escrito solicitando la responsabilidad civil de los funcionarios, en base al artículo 168 de la Ley de Responsabilidad Civil, ya que entienden que «ha habido negligencia de los trabajadores públicos a la hora de notificar a uno de los inquilinos». Cristina ya no puede más y necesita cerrar con urgencia este capítulo tan amargo de su vida.
«Nunca más volveré a alquilar mi piso»
En agosto de 2021 decidió arrendar su piso, de 120 metros cuadrados, tres habitaciones y dos baños; está ubicado en la zona nueva de la barriada palmesana de Son Oliva. Los inquilinos le generaron confianza, ya que «los dos tenían trabajo». El principio parecía una medida acertada: ella vivía con su pareja en Inca y con los 850 euros mensuales que le abonaban por la renta podía hacer frente a la hipoteca y otros gastos (basuras, IBI, etc.). Durante los primeros meses le pagaron, pero en marzo de 2022 dejaron de hacerlo. «Me dijeron que habían tenido un problema familiar». Lamentablemente, nunca más volvieron a cumplir con sus obligaciones: «Dejaron de cogerme el teléfono», recuerda.
Poco después, Cristina decidió poner este asunto en manos de un abogado. Su vida se ha convertido en un auténtico calvario. Sus inquilinos se han declarado vulnerables. «La nueva Ley de Vivienda va contra los propietarios y beneficia a los que no pagan. Además, la actuación de los juzgados es lamentable», denuncia. En este sentido, narra las dificultades que han tenido para notificar a los arrendadores el proceso de desahucio, ya que no abrían la puerta. Una vez que fue posible fijar una fecha de alzamiento, se canceló porque el juzgado no había notificado a uno de los dos afectados; se volvió a establecer una nueva fecha: el 30 de enero de 2024, pero también se ha suspendido. Ahora están a la espera de una nueva citación. «Espero que algún día acabe esta pesadilla, pero no lo veo cerca», confiesa resignada. A su modo de ver, «es una vergüenza que se hagan políticas sociales con el patrimonio de los ciudadanos». Por todo ello, asegura que «nunca más volveré a alquilar mi piso. Lo dejaré cerrado o me iré a vivir yo».