Martí Cifre (Pollença, 1947) es el portavoz en Baleares de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y presidente de la asociación Cap Endavant Garanticemos las Pensiones en Baleares. A sus 76 años volverá a salir a las calles para exigir a las instituciones que cumplan lo pactado para que los mayores, aquellos que en su día lucharon por tener una mejor sociedad para sus hijos, tenga el retorno que se merecen. «Moriremos con las botas puestas porque el tiempo de las administraciones siempre es distinto que el nuestro, el futuro no existe para nosotros, para nosotros es hoy o nunca», dice.
«Los abuelos y las abuelas no quieren las pensiones para ellos. Las necesitan para sus hijos y nietos. Es el dinero mejor repartido que pueden tener las familias, porque es la ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz, es la ayuda para ir al supermercado a comprar las cinco cosas que no puede comprar la hija, es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes nuestros abuelos y abuelas para que puedan salir los fines de semana o se puedan comprar las zapatillas de deporte». Esta reflexión que hizo la exministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado verano, refleja la situación de buena parte de las familias españolas, pero no la de las familias de Baleares y es que los jubilados de las Islas cobran 105 euros mensuales menos que la media nacional, a pesar de que la cesta de la compra es más cara en Baleares que en el resto de provincias de España.
Mientras en otras provincias los pensionistas destinan una parte de sus ingresos a ayudar a sus hijos a afrontar los gastos derivados de la inflación, en Baleares esta práctica es minoritaria. «Yo por consecuencias imprevistas tuve que dejar mi vivienda y ahora resido con mi hijo y no soy el único. En el colectivo vivimos alarmados y con miedo por la que se nos viene encima. Hemos luchado durante años en las calles por el bienestar del colectivo pero los servicios sociales no nos dan la respuesta que necesitamos», dice el presidente de Cap Endavant, Martí Cifre.
«Hay una falta total de recursos y atención por parte de los servicios sociales que nos aboca a vivir con los hijos cuando los tenemos porque a los que no tenemos una vivienda en propiedad la pensión no nos basta para pagar el alquiler. Estamos perdiendo nuestras casas y no nos dan una alternativa habitacional. Al Consell le sale bastante mejor pagar 170 euros de ayuda a la dependencia que darte una plaza en un centro de día o residencia. Muchos mueren en lista de espera y se ahorran el gasto, ya les va bien», critica.
Cifre avisa de que el colectivo de ‘yayos' de Baleares saldrá de nuevo a las calles para que suban las partidas presupuestarias que se dedican a ayudas a la dependencia y a los servicios sociales. «Una familia con dos hijos necesita dos sueldos para llegar a fin de mes y aún así les cuesta llegar. Si tienen que hacerse cargo de una persona mayor y uno de ellos tiene que dejar de trabajar para cuidarla esto es un drama», dice. «En mi caso, con 700 euros de pensión, me he tenido que ir a vivir con mi hijo y mi nuera y contribuyo con mis ingresos a ayudar con los gastos. Para mi autonomía personal y para su privacidad es un golpe tremendo, pero no queda otra opción porque los servicios sociales no me dejan otra alternativa», lamenta.
La congelación de las pensiones por parte del Gobierno de España cuando gobernaba Mariano Rajoy llevó a millones de jubilados a salir a las calles para exigir la inclusión de las pensiones dignas como derecho constitucional y como parte de los presupuestos generales del Estado. También el restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 65 años, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, la jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados o la revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real.