Las tres acusaciones particulares que representan a entidades afectadas por la estafa con falsas intoxicaciones a hoteles mallorquines acusan de estafa y organización criminal a los ocho imputados por el caso. Todas ellas reclaman condenas de prisión de entre seis años y medio y ocho años de prisión para los acusados y colocan en la cúspide de la organización a Laura Cameron, la británica que montó una empresa para captar a turistas y canalizar sus reclamaciones hacia el Reino Unido.
Entre los años 2014 y 2017 estas reclamaciones falsas costaron millones de euros a cadenas hoteleras y establecimientos de las Islas. Según describen las acusaciones particulares, se creó una estructura jerárquica para aprovechar la legislación británica en favor de los consumidores. La empresa Elite Project Manager estaría en el centro de la trama y era la encargada de mover una especie de tiqueteros, sobre todo en el Calvià y Alcùdia. Estos abordaban a turistas británicos con el lema ‘vacaciones gratis'. Una de las calificaciones, señala que se les llegaban a prometer hasta 40.000 euros sin coste alguno. La única prueba que necesitaban los turistas era la compra de algún medicamento contra la diarrea. Con ellas, una serie de webs y despachos de abogados en el Reino Unido canalizaban las reclamaciones.
El responsable de una de estas sociedades, cuyo nombre es inequívoco, UK Holliday Claims, está también acusado, aunque permanece en el Reino Unido y su presencia en el juicio es incierta.
Las tres acusaciones particulars son la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, representada por el abogado Jaime Campaner, y las empresas Hoteles Mac, cuya abogada es Carolina Ruiz y AMLA Explotaciones, representada por Raimundo Zaforteza. Coinciden en los delitos por los que acusan. Añaden una cuantificación de los daños que sufrieron, por los que cada una reclama.
Mac sostiene que se vio forzada a abonar algo más de un millón de euros al recibir más de 800 reclamaciones de este tipo. AMLA pide como responsabilidad civil 220.000 euros y sostiene que le llegaron a pedir 5,5 millones de euros en distintas reclamaciones. La Federación, por su parte, señala que los daños totales superaron los 1,2 millones de euros. Los principales touroperadores repercutían en las hoteleras mallorquinas los pagos de las reclamaciones que recibían sin posibilidad de discutir.
El apunte
Una condena británica frenó en seco el fraude
Durante tres años, las reclamaciones de falsas intoxicaciones se produjeron a centenares. Se cortaron en seco una vez que las autoridades británicas reaccionaron ante el fraude e impusieron una primera condena a un consumidor que había fingido una intoxicación en Balears.