El prior del santuario de Lluc, Mariano Gustalver y el diácono permanente del monasterio, Antoni Moreno, declararon ayer en un juzgado de Inca a raíz de la denuncia interpuesta por una antigua trabajadora del santuario por ‘mobbing'. Según un comunicado enviado por el entorno de la denunciante, la mujer trabajaba en el santuario desde hacía 15 años. En 2020 fue incluída en un ERTE por la pandemia junto a buena parte de la plantilla. Sin embargo, señalan que se la cantidad de reservas fue tal, que se les exigía realizar horas extras que más tarde fueron denunciadas por ella ante las autoriades laborales. Señala que, en octubre de 2021, la trabajadora estuvo trabajando veinte días sin librar y añade que sufrió «comportamientos humillantes» y un «trato vejatorio» que llevó a que tuviera que coger una baja en noviembre de 2021. Asegura que fue despedida un año después como respresalia por su denuncia. Este despido está pendiente de juicio en un juzgado de lo Social, donde la vista está señalada la próxima semana.
Los dos responsables de Lluc han negado las acusaciones ante la magistrada. Sostuvieron que se aplicó un despido disciplinario a la empleada por realizar trabajos en otros lugares cuando se encontraba de baja y que se justificó la medida en una ruptura de la buena fe contractual. También negaron trato vejatorio y justificaron desencuentros con la empleada en discrepancias por la gestión de la hospedería.