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PSOE y Sumar Més llevarán al Constitucional el decreto ley que elimina el requisito del catalán en la sanidad

Ambos partidos aceptan la propuesta de la Obra Cultural Balear de interponer un recurso de inconstitucionalidad

La consellera de Salut.

| Palma |

Los grupos parlamentarios PSOE y Sumar han confirmado a la Obra Cultura Balear (OCB) que aceptan la propuesta de la entidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto ley 5/2023 que elimina el requisito de catalán de la sanidad pública balear, según han informado en un comunicado.

Cabe recordar que la OCB anunció que ya había iniciado conversaciones con los dos grupos parlamentarios, a través del PSIB y de Més per Mallorca, para hacer posible que al menos 50 diputados firmen y presenten el recurso elaborado por los servicios jurídicos de la entidad. Antoni Llabrés, miembro de la junta directiva de la OCB, ha agradecido la buena predisposición que han mostrado los dos grupos parlamentarios para asumir y llevar a cabo esta iniciativa. «Hemos detectado motivos de posible inconstitucionalidad y consideramos imprescindible que el Tribunal Constitucional se pronuncie». Por un lado, porque no se encuentra suficientemente justificada la utilización de la figura del decreto ley, tal y como lo regula el Estatut: «No se trata de un caso de extraordinaria y urgente necesidad», ha asegurado Llabrés.

En la nota, la OCB señala que «tampoco se daría lo que el Tribunal Constitucional denomina «conexión de sentido» entre la situación declarada como extraordinaria y urgente y las medidas concretas que se adoptan en el decreto ley: la propia consejera de Salud afirmó que desconocía cuántos profesionales conseguiría atraer con esta medida. También indicó que desconocía si algún sanitario se había ido a causa del requisito de catalán».

Por último, según ha afirmado Llabrés, se infringe también el art. 49 del Estatut, ya que la utilización del decreto ley no puede afectar a derechos reconocidos en el Estatut. Y en este caso queda afectado directamente el ejercicio del derecho de opción lingüística previsto en el art. 14.3, que dispone que «los ciudadanos de las Illes Balears tendrán derecho a dirigirse a la Administración de la Comunidad Autónoma en cualquiera de sus dos lenguas oficiales ya recibir respuesta en la misma lengua utilizada».

Antoni Llabrés ha asegurado en el comunicado que «la OCB hará frente a todas las agresiones contra la lengua catalana y los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas Baleares perpetradas por el Gobierno del Partido Popular en ejecución de sus acuerdos con VOX».

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