«Un pollo de 2 ó 2,5 kilos costará entre 15 y 20 euros si se aplica la revisión de la normativa de bienestar animal propuesta por la UE». Este es el cálculo que realiza, Eloy Ureña, responsable del sector avícola de COAG. En este sentido, argumenta que entre las principales recomendaciones presentadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), «la más impactante es la propuesta de reducir la densidad de población de pollos de engorde convencionales a un
máximo de 11 kilos por metro cuadrado». En este punto, advierte que «la UE solicitará a los productores avícolas que realicen importantes inversiones en las granjas, mientras que el número de aves tendrá que reducirse en un 72 %».
Ureña resalta que el precio de la carne de pollo se triplicaría para el consumidor, ya que una granja típica de 1.800 metros cuadrados, que permite criar a 33 kilo por metro cuadrado -según la normativa española-, pasaría de tener una capacidad de 33.000 pollos a 11.000. El precio del pollo en los lineales es de 3,25 euros el kilo del pollo entero, pero de aplicarse la citada normativa se estima que podría llegar a los 9,75 euros el kilo, «casi al mismo precio que el pollo campero».
Los pollos que se consumen en Mallorca vienen de la Península
Los pollos que se consumen en Mallorca vienen principalmente de la Península, según informan desde Asaja y el presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares, Bartolomé Servera. Además, este último añade que en el caso de las Islas el coste podría ser incluso superior por el sobrecoste de la insularidad.
Huevos a precio de oro
El representante de COAG avisa que el precio de los huevos también se disparará, ya que en el dictamen de la EFSA se hacen recomendaciones similares para las gallinas ponedoras y no podrán estar en jaulas. Además de las nuevas inversiones, hay que tener en cuenta los préstamos solicitados para cumplir con las reglas establecidas antes de 2012 y aún no pagados en su totalidad. Por citar un ejemplo, la inversión necesaria para una reconversión que cumpla todas las exigencias y normativas para una granja de 8.000 ponedoras, supondría un desembolso para el ganadero de 141.426 euros. Ureña avisa que muchos se jubilarán, por lo que habrá menos huevos en el mercado, lo que provocará un incremento de los que se producen en libertad.
Subida de las carnes de cerdo y conejo
Los precios de las carnes de cerdo y conejo seguirán un alza similar al pollo, ya que también será necesario disponer de más espacio para estos animales. Jaume Bernis, responsable de sectores ganaderos de COAG, precisa que «si queremos mantener el censo en una granja tipo de 1.200 cerdas, las salas de parto de 16 cerdas deben transformarse para albergar a 12 como máximo. Por lo tanto, tendríamos que construir una nave nueva con todos los componentes necesarios (ventilación, fontanería, electricidad, accesorios, etc.) para albergar 62 parideras y poder mantener el censo. El precio por paridera es de 3.200 euros, por lo tanto, la inversión que tendríamos que hacer en este caso es de 198.400 euros. A esta cantidad, habría que sumarle el precio de la remodelación de las salas de parto actuales, para pasar de albergar 16 cerdas a 12. Para una granja con 15 salas, la inversión sería de 324.932 euros, que sumado al coste de la construcción de la nueva nave para albergar 62 parideras supondría un coste total de 523.332 euros».
La otra opción sería reducir el censo. «En este caso tendríamos que adaptar las salas de 16 a 12 parideras, con una inversión estimada de 324.932 euros, con la consiguiente pérdida de productividad y aumento de costes. Las dos opciones tienen que conseguir los permisos y licencias necesarios, hecho que cada es más complicado y costoso a corto plazo».
En el caso del conejo, José Luis Santaclara, responsable del sector cuníco de COAG, expone que más del 95 % de la producción se realiza en jaulas, si se aprobara la normativa que las prohíbe, cada granja perderá entre un 40-50 % de producción. Además, advierte que «el impacto global de la revisión de la legislación sobre bienestar animal será mucho más amplio y todavía no conocemos el alcance exacto determinado por la Comisión para esta prohibición».
Desde COAG insisten en que defienden el bienestar animal, pero añaden que tiene que ser sostenible, tanto para los productores como para los consumidores. A su modo de ver, la normativa que se aplica en España, más estricta que la europea, es la adecuada para garantizar ambas variantes. Por ello, confían en que finalmente no se modifique la normativa en vigor para los agricultores españoles.