El plan lingüístico de la Conselleria d'Educació, pactado con Vox, está reactivando a una comunidad educativa que llevaba tranquila los últimos ocho años, a excepción de alguna manifestación puntual para exigir mejoras laborales. Sin embargo, esas protestas, que se zanjaron con la firma de los nuevos acuerdos marco sobre condiciones sociolaborales en la enseñanza pública y concertada, se limitaron al ámbito sindical. La propuesta del conseller Antoni Vera, en cambio, está removiendo a todo el sector, esencialmente público, que este lunes se ha reunido por segunda vez para analizar qué hacer ante las políticas del nuevo Govern del PP. Más de una treintena de representantes de entidades se han citado en Can Alcover, las mismas que el viernes plantaron a Vera y la presidenta Marga Prohens al sentirse engañados porque el acuerdo estaba cerrado con Vox antes de recibirlos. «El golpe es tan grave, que no solo afecta a la educación, también generará una fractura social en Balears», ha afirmado Catalina Bibiloni que, de momento, es la portavoz de estas entidades, ya «consolidadas en un frente común» que se reunirá cada último lunes de mes.
«Nuestra primera petición es que se retire el plan, porque busca fracturar, no sigue criterios pedagógicos y envía el conflicto que tienen PP y Vox en el Parlament a los claustros, que ya tienen bastantes problemas», ha dicho Bibiloni, y ha señalado que no descartan llevar la propuesta de Vera a los tribunales.
Los dos representantes del STEI, principal sindicato en la enseñanza pública de Balears, abandonaron este lunes la Mesa Sectorial convocada por el conseller d'Educació para tratar su plan lingüístico. «La reunión era puramente informativa y los sindicatos estamos para negociar», ha dicho el portavoz del STEI, Lluís Segura, tras salir de la reunión, donde el resto de sindicatos continuaron reunidos. Aun así, al acabar la cita, se mostraron preocupados por las medidas del Govern. «Cualquier medida se tendría que tomar con los sindicatos y la comunidad educativa, que no estaría de acuerdo porque introduce un conflicto que no existía en las escuelas», ha insistido Segura, que ha señalado que estarán atentos «hasta qué punto lo llevan».
Al finalizar la reunión, el sindicato ANPE, segundo con más representación, ha pedido que se negocie la iniciativa de Vera, tras la previsible aprobación este próximo martes del techo de gasto en el Parlament. Cabe recordar que el plan lingüístico pactado con Vox se ha originado, precisamente, porque este partido se negó a apoyar al PP en la Cámara para aprobar el techo de gasto. Para conseguir su apoyo, los ‘populares' han tenido que acordar estas medidas que, al fin y al cabo, deja en manos de los centros la última palabra para cambiar su proyecto lingüístico. Las familias podrán escoger el idioma de la primera enseñanza hasta segundo de Primaria, cuando los alumnos tienen unos 8 años, y en los centros en los «que sea posible», según admitió el conseller el viernes, lo que anticipa la dificultad a la hora de aplicar la teoría, que dependerá de la voluntad y los recursos de cada centro.
ANPE apuesta por seguir trabajando en solucionar los problemas «reales» que acontecen en las aulas, y su presidente, Víctor Villatoro, ha reclamado al Ejecutivo que apueste por mantener una legislatura «tranquila», ya que en estos momentos, «la libre elección de lengua es inaplicable si atendemos a la organización actual de los espacios y medios existentes en los colegios públicos de las Islas».
El representante de UOB Ensenyament, Gabriel Vives, ha hecho una «valoración negativa porque la propuesta del Govern no cumple la Llei Educativa de les Illes Balears y el acuerdo marco, que promueven el uso del catalán. En cambio, este pacto con Vox no va en esta dirección». También ha dicho que el conseller se ha comprometido a negociar aspectos del plan piloto, que será voluntario y permitirá que las familias elijan si sus hijos estudian en castellano o catalán más allá de segundo de Primaria.
La Mesa Sectorial de la concertada ha salido más dividida que la pública, puesto que las patronales Escola Catòlica y CECEIB ven bien el plan lingüístico siempre que respete la autonomía pedagógica de los centros. USO, sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, consultará este martes con sus afiliados este tema para definir una postura unitaria, mientras que el STEI, UGT y CCOO están en contra.