Los nuevos pisos que se construyan gracias a las medidas urgentes que ha anunciado esta semana la presidenta Marga Prohens será un 40 % más baratos que los que se venden a precio de mercado. La nueva norma en la que aún trabaja la Conselleria d'Habitatge prevé la creación de una nueva figura, que se llamará viviendas a precio limitado. Eso implica que los vendedores de estos pisos y quienes vayan a alquilarlo tendrán unos topes legales que marcará el Govern,
Los topes serán diferente en función de los municipios en los que se construyan –existen tres tipos en función del precio de la vivienda en cada uno de ellos– y además se tendrá en cuenta la eficiencia energética de las edificaciones. La Conselleria ha realizado cálculos en función de estos dos baremos y calcula que el ahorro será de casi un 40 % si se opta por la compra del piso y de un 47 % en los casos de alquiler. El Govern toma como referencia el precio medio al que se ofrecen pisos en los principales portales inmobiliarios.
En el caso de vivienda libre, el precio medio de un piso de 60 metros cuadrados es de unos 262.683 euros para una venta y de 1.118 euros en el alquiler. Si el tamaño del piso sube a 80 metros, los precios medios de venta que se están ofreciendo en estos momentos son de 350.244 euros para la venta y 1.491 euros en caso de que sea de alquiler.
Con la nueva regulación, los pisos a precio limitado que salgan de la elevación de alturas o de la división de viviendas tendrá un precio de unos 160.680 euros para la venta en el caso de un piso de 60 metros y de 214.240 para un piso de 80 metros. Los precios de alquiler quedarán establecidos en unos 603 euros por el piso de 60 metros cuadrados y de 804 para los pisos de 80 metros.
En cualquier caso, las propuestas que ha presentado el Govern de Marga Prohens han despertado críticas en entidades como el GOB o Consubal. La entidad ecologista envió un comunicado en el que pide que haya una regulación del mercado de alquiler, se aborde el problema de la gentrificación y se adopten medidas efectivas contra la especulación. «Garantizar el derecho a la vivienda no pasa por amnistías urbanísticas a las viviendas ilegales ni por dividir casas. Eso no es política de vivienda», señala.
Consubal, por su parte, critica que el Govern busca el beneplácito y la autorización de promotores, constructores y especuladores. «La medida que puede tener mayor efecto es la de cesión de suelo público a las empresas y, además, a la reunión no se invitó a las entidades sociales», asegura Alonso Rodríguez.
El apunte
El papel clave que tendrán las comunidades de vecinos
Las comunidades de propietarios jugarán un papel importante en el despliegue de la nueva normativa ya que tendrán que autorizar tanto la posibilidad de elevar las alturas del edificio como de que las viviendas que ya existen se dividan. Los constructores creen que la medida de subir altura no será eficaz en los edificios que estén habitados, pero sí en los que vaya a hacerse una renovación integral. También ven factible la división de casas y pisos de gran tamaño.