La gestión autonómica de Costas en Baleares, que será efectiva a partir del próximo 1 de julio, contará con el doble de funcionarios que con la gestión estatal.
En este sentido, el Consell de Govern ha aprobado este lunes la dotación de 12 plazas de funcionario «con el objetivo de garantizar el personal necesario para asumir el traspaso de Costas», según palabras del conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir.
La Demarcación estatal de Costas ha contado hasta ahora con 18 plazas de funcionarios y personal laboral, de las que 7 están vacantes (3 de las primeras y 4 de las segundas). Con la gestión autonómica, se totalizarán 38 plazas: las 18 actuales, las 12 aprobadas por el Consell de Govern y 8 ya existentes y correspondientes a la Direcció Gerneral de Territori i Paisatge.
Las doce plazas creadas y dotadas este lunes se distribuyen de la siguiente manera: un jefe de departamento, dos jefes de servicio, cinco jefes de sección, dos técnicos superiores, un administrativo y un auxiliar.
La transferencia de las competencias de Costas fue aprobada por real decreto en noviembre del año pasado. El conseller Mir declaró que «crearemos la estructura necesaria para que la gestión de Costas sea más diligente, eficiente y cercana en una competencia estratégica para el presente y el futuro de un territorio insular como el nuestro, y teniendo en cuenta el contexto de cambio climático, que puede suponer el aumento del nivel del mar y la afectación a nuestro litoral. La gestión estatal ha sido claramente mejorable y desde el Govern la dotaremos de solvencia y músculo técnico para que sea más eficiente».
Costas será, de momento, un departamento adscrito a la Direcció General de Territori i Paisatge, con su correspondiente jefe, a la espera de la fórmula jurídica que pueda asignarle el Govern surgido de las elecciones autonómicas del próximo domingo.
Según explicó Miquel Mir, el Departament de Costas contará con tres servicios: autorizaciones, concesiones y obras, e inspecciones y sanciones. La transferencia económica anual por parte del Estado será de 1,3 millones de euros.